El Gobierno español actúa para proteger a las empresas ante la guerra arancelaria de Trump
El Gobierno de España está tomando medidas urgentes para proteger a las empresas españolas de los efectos devastadores de la guerra arancelaria iniciada por la Administración Trump. Según informa José Marcos (2025) en El País, se está preparando un real decreto ley que permitirá que las pérdidas ocasionadas por estos aranceles no sean consideradas como causa de disolución empresarial. Esta iniciativa busca dar un respiro a las compañías que se ven afectadas por los gravámenes impuestos por Estados Unidos, que incluyen un arancel del 10% universal, el cual se duplicará para los países de la Unión Europea.
Esta medida se está presentando como una extensión de la moratoria contable que ya se implementó durante la pandemia y que se ha mantenido para crisis posteriores, como la DANA en Valencia. El objetivo principal es evitar que las empresas tengan que cerrar sus puertas debido a las pérdidas directamente relacionadas con los aranceles impuestos por la administración estadounidense (Ediciones EL PAÍS S.L., 1976).
¿Qué implica esta moratoria contable?
La moratoria contable significa que, al evaluar si una empresa debe disolverse debido a pérdidas que reducen su patrimonio neto por debajo de la mitad de su capital social, no se tomarán en cuenta las pérdidas directamente atribuibles a la guerra comercial. En otras palabras, si una empresa puede demostrar que sus pérdidas son consecuencia de los aranceles de Trump, no estará obligada a convocar una junta para su disolución, siempre y cuando se aumente o reduzca el capital en la medida necesaria.
El artículo 6 del borrador del decreto establece que esta suspensión de la causa de disolución se aplicará a las pérdidas provocadas por «diversos acontecimientos naturales», extendiendo así la protección a las empresas afectadas por esta nueva crisis comercial.
Reacciones y críticas a la medida
A pesar de la intención del Gobierno de proteger al tejido empresarial español, la medida no está exenta de críticas. El Partido Popular (PP) ha expresado su desacuerdo, exigiendo la retirada de esta disposición del real decreto. Juan Bravo, responsable de Economía del PP, ha enviado una carta al ministro Carlos Cuerpo argumentando que la medida «no tiene una relación directa con la situación de los aranceles en los Estados Unidos» (Marcos, 2025).
El PP considera que la suspensión de la causa de disolución por pérdidas debe limitarse a eventos naturales y no extenderse a cuestiones arancelarias. Esta postura refleja una visión diferente sobre cómo abordar los desafíos económicos derivados de las políticas comerciales internacionales.
El plan de respuesta del Gobierno: 14.100 millones de euros en juego
Más allá de la moratoria contable, el Gobierno está movilizando un plan de respuesta integral que asciende a 14.100 millones de euros. De esta cantidad, 7.400 millones corresponden a nueva financiación, mientras que los 6.700 millones restantes provendrán de instrumentos financieros y comerciales ya existentes.
Este plan tiene como objetivo principal mitigar los impactos negativos del «shock arancelario», según se indica en el borrador del decreto. Se centra en tres elementos clave:
- Favorecer la inversión productiva.
- Facilitar la liquidez de las empresas.
- Impulsar la actividad exportadora.
El Gobierno se compromete a brindar todo el apoyo necesario a trabajadores y empresas para que puedan minimizar el impacto en su actividad y, al mismo tiempo, aprovechar la oportunidad para explorar nuevos mercados (Marcos, 2025).
Línea de avales y apoyo a la internacionalización
El real decreto ley incluye una línea de avales por valor de 5.000 millones de euros, disponible hasta el 30 de junio de 2026, con posibilidad de prórroga. Estos avales están destinados a cubrir la financiación que las entidades financieras otorguen a las empresas afectadas por la política arancelaria de Estados Unidos.
Los beneficiarios potenciales son las empresas exportadoras e importadoras con una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado estadounidense. El objetivo es aliviar las tensiones de liquidez provocadas por la disminución de ingresos debido a los nuevos aranceles y apoyar proyectos de reconversión empresarial.
Además, se refuerza la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización, gestionada por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). El plan moviliza 2.000 millones de euros en coberturas para las empresas afectadas y eleva el límite de cobertura hasta los 15.000 millones, permitiendo un mayor apoyo público a la actividad exportadora.
El impacto económico y la necesidad de adaptación
Aunque el Gobierno espera que el impacto económico de la guerra arancelaria sea moderado debido al «limitado peso relativo del comercio bilateral de mercancías con los Estados Unidos en el PIB español», reconoce que el golpe puede ser muy heterogéneo, afectando de manera desigual a diferentes sectores y regiones (Marcos, 2025).
Por lo tanto, es fundamental que las empresas se adapten a esta nueva realidad comercial, diversificando sus mercados y buscando alternativas para mitigar los efectos negativos de los aranceles. El plan de respuesta del Gobierno busca precisamente proporcionar las herramientas necesarias para facilitar esta adaptación y garantizar la estabilidad del tejido empresarial español.
