España se libra del reproche fiscal que enfrentarán otros países este año por no situar sus déficits por debajo del 3% del PIB. La Comisión Europea prevé que España se mantenga justo en ese límite y que en 2025 se reduzca aún más.
Bruselas acepta los argumentos de España
Los técnicos de la Unión Europea han aceptado los argumentos del equipo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha mantenido reuniones bilaterales con el comisario responsable de Finanzas, el italiano Paolo Gentiloni, para exponer las razones por las que España no debía ser incluida en el procedimiento corrector de las cuentas públicas.
España ha argumentado que su déficit público en 2023 fue del 3,6%, mientras que en 2020, en el peor momento de la pandemia, alcanzó el 10,1%, lo que supone una reducción de casi siete puntos en solo tres años. Además, las previsiones tanto españolas como comunitarias apuntan a que esta tendencia continuará en 2024 y 2025.
Otros países sí se enfrentan al procedimiento
En esta misma reunión se confirmará que sí se abre el procedimiento de déficit excesivo a Italia, Francia, Polonia, Bélgica, Eslovaquia, Malta y Hungría.
La inclusión de Francia en este grupo es significativa, ya que el país se encuentra inmerso en plena campaña electoral y las encuestas apuntan a una posible victoria de la extrema derecha.
Evolución del déficit español
España ha conseguido reducir significativamente su déficit desde 2020 gracias a una combinación de mejora de la recaudación, favorecida por la inflación, y al buen comportamiento de la economía, que es la que más está creciendo entre las grandes de la zona euro.
Las previsiones iniciales para 2023 apuntaban a un déficit del 3,9%, pero finalmente se ha situado en el 3,6%, casi tres décimas menos. Esta cifra también supone una mejora de más de un punto porcentual respecto al 4,7% registrado en 2022.
Futura senda de ajuste
Si bien España ha logrado escapar del procedimiento de déficit excesivo, aún debe cumplir con las sendas de ajuste.
La reforma de las reglas fiscales impone planes de rebaja de la deuda pública de cuatro años, con opción de prolongarse durante tres más, a cambio de compromisos de inversión y reformas si el pasivo de las administraciones supera el 60% del PIB.
En el caso de España, la deuda pública supera el 100%, por lo que a partir de septiembre ambos Ejecutivos deberán negociar el contenido y la magnitud de este ajuste.