España afronta un bloqueo de bienes en el extranjero por impagos de laudos renovables
La batalla legal entre España y los fondos acreedores por las indemnizaciones de las renovables sigue su curso, y los inversores están poniendo el foco en los bienes españoles en el extranjero para garantizar el cobro de sus compensaciones. Hasta el momento, se han bloqueado temporalmente activos por valor de unos 500 millones de euros, entre los que se encuentran un aeropuerto en Londres, la sede del Instituto Cervantes en la capital británica, las tasas de navegación de Enaire o la indemnización por el hundimiento del Prestige.
Reino Unido, principal escenario del bloqueo
El Reino Unido es el país donde se han producido la mayor parte de los embargos. La justicia británica ha acordado la medida cautelar sobre el 26% que tiene la compañía pública Aena del aeropuerto londinense de Luton y sus filiales, así como sobre terrenos y propiedades que forman parte del aeródromo. Además, también se han bloqueado las sedes del Instituto Cervantes y de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña (Acció), ambas localizadas en el corazón de Londres.
Otros países se suman al bloqueo
Pero la batalla no se limita al Reino Unido. La justicia belga también ha entrado en juego, aceptando la petición de confiscar las transferencias que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) realiza a Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales. La cifra exacta de la incautación asciende a 83,7 millones de euros, y los próximos abonos mensuales seguirán bloqueados hasta que la justicia resuelva los recursos planteados por España.
En Estados Unidos, los fondos acreedores también están estudiando la posibilidad de solicitar el reconocimiento de laudos, lo que podría abrir la puerta a nuevos embargos. De hecho, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia acaba de confirmar la validez de tres laudos.
España defiende su inmunidad soberana
Por su parte, España sigue defendiendo su inmunidad soberana y ha recurrido todos los laudos perdidos, así como las peticiones de reconocimiento que los inversores han planteado en distintas jurisdicciones. La defensa española alega dos motivos: que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha limitado los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas son europeas, y que la Comisión Europea tiene que autorizar dichos pagos para evitar que sean declarados ayudas ilegales de Estado.
Los fondos acreedores amenazan con un default
Ante los impagos, los fondos acreedores han amenazado con iniciar un procedimiento de default técnico por el impago de los laudos. La amenaza ya se lanzó en abril de 2023, pero todavía no se ha hecho efectiva. En concreto, la presión se ha fijado sobre un bono que se emitió en abril de 1999 y que vence en abril de 2029 que, según señalan los demandantes, contiene una cláusula denominada cross default (incumplimiento cruzado), que permite al acreedor exigir la cancelación de la deuda de un préstamo o bono si el prestatario incumple las obligaciones financieras, incluso de otro contrato que tenga firmado.
La batalla legal por las indemnizaciones de las renovables está lejos de terminar. España sigue defendiendo su inmunidad soberana, pero los fondos acreedores están dispuestos a agotar todas las vías legales para cobrar sus compensaciones.