El Gobierno de España se encuentra trabajando en una nueva medida fiscal que podría beneficiar a casi el 65% de los caseros del país. Se trata de una exención del 100% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas siguiendo los límites del Índice de Precios de Referencia desarrollado por el Ministerio de Vivienda.

Detalles de la medida
Aunque los detalles de la medida aún están siendo ultimados, el esquema propuesto invita a la mayoría de los rentistas a abaratar sus alquileres, ya que la pérdida inicial de ingresos se vería compensada por la posterior reducción de impuestos.
Según las proyecciones realizadas por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, a casi dos de cada tres caseros les resultaría beneficioso acogerse al índice oficial, con ahorros medios de entre 67 y 347 euros anuales.

Los arrendadores con ingresos totales anuales de entre 12.000 y 21.000 euros ahorrarían 67,65 euros por ejercicio, mientras que aquellos con ingresos de entre 21.000 y 30.000 euros dejarían de pagar 184,47 euros a Hacienda. Por su parte, los caseros que obtengan entre 30.000 y 60.000 euros al año ahorrarían 347,23 euros.
Caseros no beneficiados
Sin embargo, no todos los caseros se beneficiarían de esta medida. Aquellos con tramos de ingresos totales en el IRPF inferiores a los 12.000 euros no obtendrían ningún beneficio posterior, ya que no tributan y no tienen que presentar la declaración.

Tampoco tendrían ningún incentivo neto los caseros con ingresos superiores a los 60.000 euros, ya que normalmente alquilan casas más caras y la bonificación no superaría el importe de la rebaja.
Antecedentes
Esta propuesta de exención fiscal recuerda a las rebajas que ya se impulsaron en la ley de vivienda de 2019. Esa normativa permitía a las comunidades autónomas declarar zonas de mercado tensionado, contemplando una serie de descuentos para estimular el alquiler a precios asequibles.
Sin embargo, para que los propietarios puedan acogerse a estas bonificaciones, es indispensable que los gobiernos regionales declaren la zona como tensionada, algo que hasta la fecha solo ha hecho Cataluña, ya que el resto de comunidades, gobernadas en su mayoría por el Partido Popular (PP), bloquean la norma.
Con esta nueva propuesta, el Gobierno pretende sortear esa parálisis, por lo que la nueva bonificación operará en toda España y tendrá un impacto notable para Hacienda, cuya cuantía aún no ha sido calculada.