El Gobierno prohíbe los cargos hereditarios en la administración pública
El Gobierno Nacional oficializó la eliminación de los cargos hereditarios en la administración pública. La medida fue publicada en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei. La decisión había sido adelantada días atrás por funcionarios de primera línea.
¿Qué dice la nueva normativa?
El decreto 959/24 señala que "no se admitirá para acceder a un empleo en el ámbito del Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 ningún privilegio, ventaja o beneficio sustentado en vínculos hereditarios, cualquiera sea la modalidad de contratación".
La disposición prohíbe que tanto familiares como cónyuges de empleados estatales que hayan fallecido, ocupen sus puestos de trabajo en reemplazo.
¿Por qué se tomó esta decisión?
En los considerandos, el decreto señala que "es dable remarcar que no resulta admisible que se mantengan prioridades para acceder a un cargo público ni se otorguen privilegios que contravengan el principio de igualdad".
El Ministerio de Desregulación y Modernización informó que la intención es profundizar "la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro”.
¿Qué cargos se ven afectados?
La medida afecta a todos los cargos de la administración pública nacional, tanto en el ámbito central como descentralizado.
¿Qué excepciones existen?
La normativa establece que no se consideran cargos hereditarios aquellos que se obtienen mediante concurso público de antecedentes y oposición.
¿Cuál es la postura del Gobierno?
El presidente Milei ha manifestado que "este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad".
¿Qué reacciones ha generado la medida?
La decisión del Gobierno ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores la han celebrado como un paso hacia la meritocracia y la igualdad de oportunidades, mientras que otros la han criticado por considerar que afecta los derechos adquiridos de los trabajadores.
El principal sindicato de empleados estatales, ATE, ha expresado su rechazo a la medida y ha anunciado que impulsará acciones legales para impugnarla.