Fiscalía Europea investiga a 104 agricultores en Andalucía por fraude masivo en las ayudas de la PAC
**Sevilla, España** - La Fiscalía Europea ha abierto una investigación a 104 agricultores y otros cinco empresarios andaluces por un supuesto fraude masivo en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Los implicados están acusados de falsedad documental y fraude de subvenciones y ayudas públicas. El supuesto cerebro de la trama es Juan Ortiz Alconchel, empresario y exconcejal del PP en Écija, Sevilla.
El fraude consistía en ofrecer fincas a través de una empresa a los agricultores para que estos las declarasen como barbecho y así cobrar subvenciones. Sin embargo, el alquiler de las fincas era falso. La investigación se inició hace dos años cuando la Junta de Andalucía advirtió del supuesto engaño al organismo europeo, detallando el desvío de fondos de la Política Agraria Común (PAC) mediante un sistema de alquiler ficticio de fincas.
Modus operandi
La empresa Quitogrande SL alquiló 222 fincas en 2021 sin ser propietaria de ellas a agricultores que necesitaban terrenos para declararlos en barbecho y así poder recibir las ayudas de la PAC. Para recibir estas subvenciones, el agricultor debe acreditar que una parte de su suelo cultivable se queda sin plantar para que se recupere del uso de fertilizantes. Los agricultores confiaron en que Quitogrande les alquilaba tierras en sitios alejados, que en realidad pertenecían a otros propietarios ajenos a la transacción económica, por lo que se llevaba a cabo una simulación de títulos de arrendamientos de las parcelas.
La mayoría de los agricultores receptores de las ayudas europeas han defendido en sus declaraciones como imputados que desconocían la propiedad real de los terrenos. Sin embargo, la policía sostiene que otros sí conocían el engaño a las arcas públicas.
Detenciones y registros
Hace un año, la policía tomó declaración en comisaría como detenidos a 23 agricultores y personas vinculadas a Quitogrande SL. Los agentes pidieron a los fiscales inmovilizar 18 cuentas bancarias, seis fincas, tres garajes y activos financieros de los principales imputados.
El papel de Ortiz Alconchel
Ortiz Alconchel, empresario y antiguo jefe de ventas de la cooperativa Coesagro durante 27 años, rechaza su papel de creador de la trama que le atribuye la policía y se presenta como una víctima más.
La policía definió así el papel del empresario: "Actuó como el instrumento necesario para la consumación del fraude creando situaciones artificiales que sin su actuación fraudulenta no reunía los requisitos para recibirlas".
La trama
En la trama, la sociedad Campos de Valdedios era la que cedía las parcelas a Quitogrande, aunque no tenía actividad real, según la policía. "Fue interpuesta en el proceso ficticio de cesión de fincas para impedir la trazabilidad de la responsabilidad en caso de fiscalización administrativa o penal", concluyeron los agentes.
La organización usó al ingeniero técnico agrícola Miguel A. para firmar informes periciales de parcelas repartidas por toda Andalucía para certificar que las fincas cumplían con las condiciones para solicitar las subvenciones. En solo un mes a principios de 2022, dicho ingeniero hizo, según su testimonio, una inspección ocular de 95 parcelas repartidas por Granada, Sevilla, Cádiz, Almería y Málaga.
Andalucía es la principal destinataria de estas subvenciones de la PAC. El año pasado la comunidad recibió 1.320 millones de euros en estas ayudas agrícolas, de acuerdo con los datos oficiales.
La investigación continúa
La investigación la lleva a cabo agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central de la Policía. La Junta de Andalucía comprobó los contratos solo de la campaña de 2021 e identificó 104 agricultores, con 1.966 hectáreas, beneficiados por las ayudas europeas donde constaba Quitogrande como arrendadora sin ser titular catastral.
La Fiscalía Europea ha eludido asimismo pronunciarse sobre el proceso judicial en marcha a preguntas de este diario.
Conclusión
La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude masivo en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en Andalucía. Están implicados 104 agricultores y otros cinco empresarios, que podrían haber recibido ayudas de forma irregular mediante un sistema de alquiler ficticio de fincas. La investigación continúa y se espera que se esclarezcan los hechos en los próximos meses.