El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, ha anunciado que no contempla indemnizar a la constructora portuguesa Grupo Mota-Engil México por el aplazamiento de la construcción de la Línea 5 del Metro.

El proyecto diferido

La Línea 5 del Metro, que estaba prevista que recorriera la avenida Eugenio Garza Sada hasta La Estanzuela, fue aplazada por el Gobierno del Estado tras atender las opiniones de los habitantes de la zona. Como medida de corto plazo, se llevará a cabo una reestructuración del transporte público hacia la zona sur de Monterrey.

Falta de acuerdo económico

Metrorrey afirma que el aplazamiento de la Línea 5 no implica indemnización alguna para la constructora, ya que esta no inició ni ejecutó obra civil alguna. La vocería del organismo público señala que el contratista estuvo de acuerdo con esta decisión, por lo que no se incluyó ninguna compensación.

Sin embargo, Metrorrey no ha aclarado si este acuerdo está establecido en algún documento firmado o si fue verbal, dejando dudas sobre la naturaleza del acuerdo entre las partes.

Falta de planificación y fondos

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Caballero, ha señalado que la suspensión de la construcción de la Línea 5 se debe a la falta de recursos y a la mala planificación del Gobierno del Estado.

Caballero cuestiona que, al inicio de la administración, se asegurara que no habría aumentos en las tarifas y que se contaba con un equipo de movilidad sólido, que según ella brilla por su ausencia.

La diputada expresa su preocupación por la falta de visión y profesionalismo en la planificación del sistema de movilidad, instando a una planificación más ordenada y enfocada en resultados concretos.

Preocupación ciudadana

Desde que el Gobierno del Estado anunció la construcción de la Línea 5 del Metro, vecinos de varias colonias se organizaron para rechazar la obra, alegando que no fueron escuchados en los foros sobre el asunto.

Los ciudadanos afectados esperan que el Gobierno del Estado reconsidere el proyecto y atienda sus preocupaciones, garantizando una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.