El Gobierno vuelve a imputar a empresas por incluir tasas y cargos en las facturas

El Gobierno, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, imputó un total de 94 empresas por incluir en sus facturas tasas o cargos ajenos a los bienes y servicios contratados. En total, fueron abiertos 112 nuevos expedientes para determinar el incumplimiento de la Resolución 267/24.

¿Qué dice la Resolución 267/2024?

Esta medida entró en vigencia el 11 de octubre de 2023 y establece que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio.

El incumplimiento de esta norma puede ser sancionado conforme al régimen de penalidades previsto en la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias, con multas de hasta $2.130 millones de pesos.

¿Qué empresas fueron imputadas?

Las empresas imputadas pertenecen a las siguientes provincias:

  • Buenos Aires
  • Catamarca
  • Chubut
  • Córdoba
  • Corrientes
  • Entre Ríos
  • La Pampa
  • Mendoza
  • Misiones
  • Neuquén
  • San Luis
  • Santa Fe
  • Tierra del Fuego
  • Tucumán

Estas empresas tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo ante la Secretaría de Industria y Comercio.

Antecedentes

En noviembre de 2022, la Secretaría de Industria y Comercio ya había iniciado el mismo proceso a otras 95 empresas de 20 provincias distintas.

El Gobierno considera que estas prácticas, que se han tornado sistemáticas en municipios de la provincia de Buenos Aires y en distintas localidades y provincias del país, constituyen un incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor.

"De esta manera, se evitará la inclusión de cargos que no corresponden a un servicio y que vulneren la libertad de elección de los consumidores forzándolos a pagar montos adicionales al momento de abonar las tarifas. Estas prácticas, que se han tornado sistemáticas en municipios de la provincia de Buenos Aires y en distintas localidades y provincias del país, constituyen un incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor, la cual establece que las empresas proveedoras están obligadas a proporcionar al consumidor de forma cierta, clara y detallada las condiciones de contratación del servicio", se justificó desde la Secretaría de Comercio.