La batalla legal en Jucil: Un conflicto interno expuesto en los tribunales
La mayor asociación de guardias civiles en España, Justicia para la Guardia Civil (Jucil), está sumida en una profunda crisis interna que ha escalado hasta los tribunales. Cinco exdirigentes de la organización han presentado una denuncia formal contra el actual secretario general, Ernesto Vilariño, acusándolo de graves irregularidades económicas y uso indebido de los fondos de la asociación. Según informa Óscar López-Fonseca (2025) en El País, esta acción legal es una respuesta a la querella previa interpuesta por Vilariño y el Comité Ejecutivo Nacional de Jucil contra estos mismos críticos, acusándolos de injurias, calumnias y coacciones.
Este enfrentamiento interno se produce en un momento crítico, a pocos meses de las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, un órgano clave donde Jucil ostenta actualmente la mayoría tras su victoria en 2020. La estabilidad y la reputación de la asociación están en juego, mientras las acusaciones y contraacusaciones sacuden los cimientos de la organización.
Acusaciones detalladas contra el secretario general
La denuncia presentada en León, ciudad donde está registrada la asociación, detalla una serie de presuntas irregularidades financieras cometidas por Vilariño. Los denunciantes alegan que el secretario general habría utilizado fondos de Jucil para gastos personales, incluyendo comidas en restaurantes de lujo, alojamientos en hoteles y compras no relacionadas con las actividades de la asociación. Además, se le acusa de alterar registros contables y ocultar información crucial sobre el estado financiero de Jucil.
«Realizar gastos personales con la tarjeta corporativa de la asociación, imputando a la misma conceptos inciertos o no justificados», es una de las acusaciones más graves que enfrenta Vilariño, según la información revelada por López-Fonseca (2025). Estos gastos incluirían consumos en establecimientos de lujo y el uso de servicios personales durante un viaje a Sevilla en octubre de 2020, que ascendieron a más de 500 euros. Los críticos también señalan un gasto de 20 euros en una joyería y un incremento injustificado en gastos de repostajes y comidas.
La respuesta de la dirección de Jucil
Tras la presentación de la denuncia, la actual dirección de Jucil ha emitido un comunicado reafirmando su confianza en que «la justicia esclarecerá los hechos y restaurará la honorabilidad de la asociación y de su secretario general». Además, han advertido que no permitirán «ataques infundados» y han recordado las acciones legales previas interpuestas contra los críticos.
La dirección de Jucil parece estar adoptando una postura firme, defendiendo la integridad de Vilariño y desestimando las acusaciones como parte de una campaña difamatoria. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y el creciente escrutinio público podrían afectar la imagen de la asociación y su capacidad para representar efectivamente los intereses de sus miembros.
Un conflicto en escalada
Este conflicto interno no surgió de la noche a la mañana. Según se desprende de la información recopilada por El País (López-Fonseca, 2025), la crisis se ha ido gestando desde hace tiempo, exacerbándose tras la dimisión del secretario de comunicación, Agustín Leal, en noviembre. La salida de Leal, supuestamente por presiones internas, marcó un punto de inflexión, seguida por la dimisión del coordinador general en Canarias y el cese de otros dirigentes provinciales.
El 3 de febrero, los críticos intensificaron su ofensiva al difundir una carta a los asociados, denunciando irregularidades contables y la supuesta politización de la dirección de Jucil, alegando la presencia de antiguos dirigentes de Ciudadanos en labores de asesoramiento. Esta carta fue el detonante de las querellas presentadas por el Comité Ejecutivo Nacional de Jucil contra los disidentes.
Paralelismos con la crisis en Jupol
La situación que atraviesa Jucil guarda similitudes con la crisis vivida en Justicia Policial (Jupol) en 2021. En aquel entonces, cinco miembros del comité ejecutivo de Jupol intentaron destituir al secretario general, José María García, acusándolo de gestión personalista y de cargar gastos personales a las cuentas del sindicato. Aunque García negó las acusaciones, finalmente fue destituido, y el sindicato sufrió un duro revés en las elecciones al Consejo de la Policía en 2023.
Estos casos ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las asociaciones profesionales y sindicatos policiales a conflictos internos, especialmente cuando se trata de la gestión de fondos y la toma de decisiones. La falta de transparencia y los mecanismos de control interno deficientes pueden ser caldo de cultivo para acusaciones de corrupción y disputas de poder.
Implicaciones para el futuro de Jucil
La guerra interna en Jucil plantea serias dudas sobre el futuro de la asociación. La credibilidad de sus líderes y su capacidad para representar los intereses de los guardias civiles están en entredicho. Si las acusaciones de irregularidades económicas resultan ser ciertas, el daño a la reputación de Jucil podría ser irreparable.
Las próximas elecciones al Consejo de la Guardia Civil se vislumbran como un momento crucial para la organización. Si Jucil no logra superar esta crisis interna y recuperar la confianza de sus miembros, podría perder su posición de liderazgo en el órgano colegiado. El resultado de esta contienda legal y política determinará el futuro de Jucil y su influencia en la defensa de los derechos e intereses de los guardias civiles en España.
