Penas de hasta nueve años por reformar pisos alquilados y subarrendarlos como turísticos

Diez acusados se enfrentan a penas de prisión por formar un grupo criminal para alquilar viviendas en Barcelona utilizando documentación falsa, reformarlas sin conocimiento ni consentimiento de los propietarios y subarrendarlas como pisos turísticos o compartidos sin licencia.

Modus operandi

Según la Fiscalía, los acusados aportaban “documentación alterada” para aparentar solvencia económica y, una vez conseguían alquilar las propiedades, dejaban de pagar tras abonar la fianza o la primera mensualidad. Posteriormente, realizaban obras sin el conocimiento ni consentimiento de los propietarios para aumentar el número de habitaciones, que luego subarrendaban con fines turísticos a través de dos conocidas páginas de Internet.

Este entramado operó entre 2017 y 2020, y los acusados se repartían los beneficios según su papel dentro del grupo.

Amenazas y coacciones

Los propietarios que descubrían estos hechos no podían acceder a sus viviendas, ya que estaban ocupadas por el grupo criminal. Los acusados creaban un clima de “terror y miedo”, amenazando a los propietarios y exigiéndoles diversas cantidades de dinero para recuperar sus pisos.

En algunas ocasiones, los acusados llamaban a los Mossos d’Esquadra o la Guardia Urbana, mostrando los contratos de alquiler y solicitando que expulsaran a los propietarios de los inmuebles.

Cúpula de la organización

La Fiscalía sitúa en la cúspide de la organización a un padre y a un hijo y a dos mujeres, a quienes atribuye la gestión de las reformas, la administración de las viviendas y el cobro y reparto de los beneficios.

Una de ellas había adquirido una sociedad mercantil en 2018 que presuntamente utilizaban para crear contratos de trabajo falsos, que otros miembros de la trama presentaban para acreditar solvencia económica ante los propietarios.

Peticiones de la Fiscalía

La Fiscalía pide penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión para los diez acusados por delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad de documento mercantil, extorsión y coacciones.

Además, solicita que indemnicen a los perjudicados con más de 600.000 euros por las rentas que dejaron de percibir y los daños causados en las propiedades.