Absolución de Iberdrola y sus Directivos
En un veredicto reciente que ha generado un notable eco en el sector energético y legal, la Audiencia Nacional ha absuelto a Iberdrola Generación España y a cuatro de sus directivos. Estos últimos habían sido acusados por la Fiscalía por un presunto incremento injustificado del precio de la energía en los finales de 2013. La determinación judicial, tomada por el magistrado del Juzgado Central de lo Penal, José Manuel Fernández Prieto, ha establecido que las acciones de Iberdrola estaban bajo el paraguas de la legalidad, en una época donde el precio de la energía hidroeléctrica estaba determinado por el libre mercado.
El proceso judicial ha puesto bajo la lupa la actuación del Departamento de Gestión de la Energía de Iberdrola, revelando una autonomía en su toma de decisiones durante el controvertido periodo. Las acusaciones sugerían una manipulación del mercado que habría provocado un alza inadecuada en los precios de la luz, afectando directamente a los consumidores. Sin embargo, el juez ha destacado que no se detrajo energía hidroeléctrica alguna del mercado y que el precio ofertado nunca alcanzó el máximo establecido legalmente de 180 euros por megavatio/hora.
Durante el juicio, se ha criticado severamente los informes de peritos de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), señalando falencias y un procedimiento poco claro para justificar dichas acusaciones. A su vez, el magistrado reconoció las tensiones existentes entre el Gobierno de Mariano Rajoy e Iberdrola pero descartó que constituyeran pruebas de represalias económicas por parte de la eléctrica.
El Contexto del Auto de la Audiencia Nacional
El fallo se ha basado en una meticulosa revisión de los eventos y las condiciones meteorológicas que imperaban en aquel tiempo, tomando en cuenta una sequía prolongada seguida de una ciclogénesis explosiva. Se destacó la lógica de una gestión equilibrada del recurso hídrico en condiciones de incertidumbre pluviométrica y su impacto en la generación de energía hidráulica.
Este juicio ha sido precedente en cuanto a la interpretación del derecho penal en el ámbito energético, donde se plantea la necesidad de un equilibrio entre las prácticas comerciales legítimas y la protección del consumidor. Se ha dejado claro que la actuación de Iberdrola, aunque controvertida, encajaba en los márgenes de la ley vigente en ese momento.