La Audiencia Nacional señala como responsables civiles a Iberdrola y al Estado por el caso Villarejo

El magistrado Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, ha declarado a la compañía eléctrica Iberdrola y a la Administración del Estado como responsables civiles por la contratación de los servicios de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Según el auto dictado por el juez instructor, se ha propuesto también juzgar al agente encubierto, a su socio Rafael Redondo y al exdirector de seguridad de la compañía Antonio Asenjo por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil.

Investigación de más de cuatro años

La investigación, que se inició en octubre de 2019, ha analizado una decena de encargos irregulares que Iberdrola, a través de su exjefe de Seguridad, realizó al excomisario de Policía entre 2004 y 2014 por un importe total de 1.455.064 euros.

El juez considera que existen suficientes indicios para acreditar que Asenjo, como director de seguridad de Iberdrola y con pleno conocimiento de que Villarejo estaba en servicio activo como comisario de la Policía Nacional, encargó numerosos trabajos de “inteligencia” sobre personas físicas y jurídicas para proteger a la eléctrica frente a hechos que pudieran ser perjudiciales para sus intereses.

Los proyectos de Villarejo para Iberdrola

El juez explica en su auto que, para desarrollar los encargos, Villarejo realizó informes que incluían, en ocasiones, acceso a tráficos de llamadas telefónicas de las personas investigadas.

Además, destaca que los servicios del comisario tuvieron un carácter “confidencial” para Iberdrola, que mostró voluntad de “ocultar estos trabajos”. Las facturas no fueron emitidas por Cenyt, la empresa de Villarejo, sino por otra compañía, Castellana de Seguridad (Casesa), y los conceptos fueron manipulados para “enmascarar” que habían sido prestados por un comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía.

El caso Villarejo

El caso Villarejo es una macrocausa que investiga las actividades ilícitas del excomisario de Policía José Manuel Villarejo, acusado de liderar una organización criminal que prestaba servicios de espionaje y extorsión a empresas y particulares.

El juez García Castellón ha dividido la causa en varias piezas separadas, una de las cuales es la que afecta a Iberdrola.