La ‘suavicrema’ les salió cara: implicado en construcción de Estela de Luz deberá pagar 230 mdp
Luis Enrique Arvizu Romano, exgerente de estudios de la Estela de Luz, deberá pagar una multa de 230 millones de pesos luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmara la sentencia impuesta por un tribunal.
Un daño al erario por negligencia
En sesión, los ministros de la Corte rechazaron por unanimidad de cinco votos el amparo interpuesto por Arvizu como su último recurso para librar el pago millonario que, en 2022, le ordenó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por “responsabilidad resarcitoria” en la construcción del monumento.
La llamada ‘Estela de la corrupción de Calderón’ fue construida entre 2009 y 2011 con motivo de los festejos por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.
Sin embargo, una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que durante su edificación hubo un daño al erario por 230 millones 77 mil 184 pesos.
Según la Auditoría, gran parte de los perjuicios al patrimonio público se debieron a la subcontratación de empresas y pagos excesivos que fueron responsabilidad de varios participantes de la obra, entre ellos Luis Enrique Arvizu Romano.
Irregularidades detectadas
Entre las irregularidades detectadas por la ASF, se encontraron pagos en exceso respecto del precio unitario de acero inoxidable; kilogramos de más pagados y desembolsos en demasía por conceptos de transporte y montaje.
Inicialmente, el costo de la Estela de Luz se calculó en 393 millones de pesos con un plazo de entrega para el 10 de agosto de 2010. No obstante, el gobierno de Calderón no solo no concluyó a tiempo, sino que terminó destinando más de mil 300 millones en su construcción.
Por esta razón, la ASF interpuso 134 denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre las cuales se acusó a Arvizu Romano de la incorrecta integración de precios y diferencias en conceptos de obras.
Arvizu Romano fue gerente de estudios, proyectos y construcción de la empresa III Servicios, S.A. de C.V., una filial no paraestatal de Petróleos Mexicanos que estuvo a cargo de la obra.
Antecedentes polémicos
Esta no ha sido la única controversia en torno al monumento emblema del gobierno de Calderón. En 2019, extrabajadores de la constructora III Servicios S.A. de C.V. denunciaron al expresidente por supuestos actos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y usurpación de funciones.
En la denuncia también estaban señalados Patricia Flores Elizondo, quien fuera la jefa de la Oficina de Presidencia, al arquitecto Agustín Castro Benítez y Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo en III Servicios y responsable de coordinar la ejecución de la obra.