El Gobierno busca "seguridad jurídica" para inversiones superiores a los u$s200 millones
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), propuesto por el Gobierno en el proyecto de ley de Bases, busca generar "seguridad jurídica" mediante incentivos en materia tributaria y fiscal para desembolsos que superen los u$s200 millones en diferentes sectores.
Beneficios del RIGI
El RIGI establece una serie de beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares. Estos beneficios incluyen:
- Exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes.
- Permiso para disponer libremente del 20% de las divisas generadas por las exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero.
- Exención de impuestos nacionales y provinciales, incluyendo el impuesto a los Ingresos Brutos.
Críticas al RIGI
El RIGI ha generado críticas por parte de algunos sectores, que argumentan que podría generar una competencia desleal y vulnerar las competencias provinciales.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) ha advertido que el RIGI podría "generar una competencia desleal con la industria nacional", ya que los beneficiarios del régimen podrán importar bienes de capital sin aranceles.
ADIMRA también ha señalado que el RIGI no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales.
Impacto económico
El Gobierno sostiene que el RIGI tendrá un impacto positivo en la economía, ya que fomentará las inversiones y creará nuevos puestos de trabajo.
Sin embargo, los críticos del RIGI argumentan que los beneficios concedidos a las grandes empresas podrían perjudicar a las pequeñas y medianas empresas.
El RIGI aún está siendo debatido en el Congreso y aún no ha sido aprobado.