Un funcionario del Ayuntamiento de León ha logrado una indemnización de 150.000 euros por sobrecarga de trabajo continuada durante nueve años. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha considerado que la Administración local es responsable de esta situación "lesiva" para el abogado, por la "pasividad" del Ayuntamiento a la hora de solucionar este exceso de tareas.
Indemnización por daños y perjuicios
El fallo judicial reconoce que el funcionario, que se ha representado a sí mismo en este caso, asumió desde 2014 las tareas que debían realizar tres personas, sin que el Consistorio, advertido de la situación, lo solucionara.
La sentencia indica que se trata de un caso de "daños continuados" y culpa a la Administración local de esta situación, por no haber sustituido a los trabajadores que estuvieron de baja temporal o directamente cesaron en sus puestos.
La indemnización se ha calculado con el sueldo y retribuciones complementarias de los puestos de trabajo cuyas vacantes no fueron ocupadas, excluyendo el complemento de productividad.
Sobrecarga de trabajo
El funcionario, que tiene 66 años y está a punto de retirarse, ha explicado que la situación de "carga de trabajo inasumible" comenzó en 2014.
Aquel año, uno de sus compañeros abogados tuvo una baja por incapacidad temporal que luego se transformó en permanente y finalmente falleció. Esa plaza fue amortizada en la práctica y nunca fue repuesta.
Poco después, entre 2016 y 2019, el otro letrado que trabajaba junto al funcionario ahora indemnizado tuvo varios periodos prolongados de baja y tampoco fue sustituido.
En 2020, el mismo compañero pasó a situación de servicios especiales y su plaza fue cubierta solo por ocho meses por otra empleada municipal.
El funcionario ha denunciado que advirtió de esta situación "repetida y diligentemente" a sus responsables de recursos humanos, verbalmente y por escrito, pero estos no tomaron ninguna medida eficaz durante nueve años.
Riesgo para la salud
La sentencia considera que la carga de trabajo "multiplicada" ha generado daños en el abogado y ha vulnerado su derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El juez considera que esta situación ha generado un riesgo para la integridad física y la salud del trabajador, ya que la Administración no ha cumplido con sus obligaciones de protección y prevención.
Recurso del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de León ha recurrido la sentencia, por lo que ahora se tendrá que pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El funcionario se muestra especialmente molesto con las alegaciones del Ayuntamiento, que justificó que él asumió la carga de trabajo de forma "voluntaria".
El abogado asegura que "la Administración no se ha portado bien" y ha valorado la sentencia, que considera que el informe del Ayuntamiento con el que se rechazó su prórroga en el servicio es "aberrante e inadmisible".