Inspectora ratifica fraude fiscal del novio de Ayuso por 350.000€

Inspectora ratifica fraude fiscal del novio de Ayuso por 350.000 euros Inspectora ratifica fraude fiscal del novio de Ayuso por 350.000 euros La trama de presunto fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa desarrollándose en los juzgados de Plaza de Castilla. Mercedes Urbano López, jefa de los inspectores del equipo regional de delito fiscal de Madrid, está ratificando este viernes su informe clave, que está señalando directamente a González Amador por la creación de facturas falsas con el objetivo de eludir el pago de impuestos. Según fuentes presentes en la declaración, la inspectora está siendo enfática al subrayar que la imputación de estos gastos tenía una clara intención de reducir la carga tributaria. El informe detalla el presunto fraude El informe en cuestión, que está siendo minuciosamente revisado, está acreditando la existencia de hasta 15 facturas presuntamente falsas por un valor total de 1,7 millones de euros. Estas facturas, según el informe, están siendo utilizadas por la pareja de la presidenta para deducirse gastos inexistentes, buscando así un ahorro fiscal ilícito. La declaración de Urbano López como testigo ante la jueza María Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, está siendo crucial para validar y clarificar los indicios de fraude fiscal que pesan sobre González Amador, quien ya está siendo imputado por dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. El documento de los inspectores está resaltando una «conducta defraudatoria» y un «comportamiento mendaz» por parte de González Amador. Para que un delito de fraude fiscal sea probado, es esencial que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros y que se demuestre la existencia de dolo, es decir, la voluntad de cometer el delito. ¿Cómo operaba el presunto fraude? La investigación tributaria, liderada por Urbano y basada en la denuncia de la Fiscalía de delitos económicos contra la pareja de la presidenta madrileña, está revelando cómo la consultora de sellos de calidad de González Amador, Maxwell Cremona, está registrando un aumento significativo en sus ingresos entre 2020 y 2021. Este incremento, según la investigación, se está debiendo a la «intermediación en una operación de venta de material sanitario [dos millones de euros en comisiones], y, en 2021, la percepción de unos ingresos cuantiosos [1,3 millones] facturados a su principal cliente desde hace años Quirón Prevención» con la finalidad de reducir su tributación. Para lograr este objetivo, se están elaborando facturas que simulan gastos inexistentes. Un ejemplo de ello es una factura que está falseando un gasto de 620.000 euros con una empresa mexicana, supuestamente para deducir menos impuestos. Sin embargo, Maxwell Cremona está reconociendo que el pago se anuló y nunca se realizó. Otra factura sospechosa es de casi un millón de euros, correspondiente a la presunta venta de vacunas a la sociedad de Costa de Marfil GAYANI LTD para las autoridades del país africano, una operación que nunca se llevó a cabo y que, por lo tanto, nunca se pagó, salvo una pequeña cantidad de 27.000 euros. A pesar de conocer que la operación de venta no se realizaría, la empresa de González Amador está contabilizando el gasto. Implicaciones y defensa El informe de los inspectores también está analizando otras 13 facturas sospechosas por un valor de 178.000 euros que, según el documento, «de forma improcedente se dedujo fiscalmente» como gasto. Como consecuencia de estas acciones, los inspectores están señalando que el empresario dejó de ingresar a la Hacienda Pública «cuotas impositivas por encima de 120.000 euros», superando así el umbral de punibilidad previsto en el Código Penal. Además, el informe está detallando que González Amador intentó reparar el fraude en la declaración del año siguiente, una acción que la ley prohíbe expresamente. A pesar de las numerosas pruebas que están siendo recabadas contra González Amador durante dos años, el Gobierno de Díaz Ayuso está cuestionando la independencia de los inspectores de la Agencia Tributaria. Incluso, está denunciando públicamente una supuesta «cacería política» y está difundiendo, a través del jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y sus medios afines, una serie de informaciones falsas sobre la situación tributaria del empresario. Un ejemplo de ello es la publicación, el 13 de marzo, de una información falsa que está afirmando que la Fiscalía había propuesto un acuerdo a González Amador para eludir la cárcel pagando una multa y reconociendo los delitos, cuando en realidad había sido al contrario. Según Julio Núñez (2025) del diario El País, Rodríguez está escribiendo en su cuenta de X (antes Twitter) que González Amador no pudo responder a ese pacto porque «la misma Fiscalía “dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”» (Núñez, 2025). Estas afirmaciones, según el diario El País (2025), están obligando a la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, a informar a la opinión pública sobre la situación real del proceso. Sin embargo, esta respuesta del ministerio público está ocasionando la apertura de una causa penal en el Tribunal Supremo contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Referencias Núñez, J. (2025). La inspectora que detectó el fraude del novio de Ayuso ratifica que este declaró gastos inexistentes y defraudó 350.000 euros. El País. Recuperado de https://elpais.com/espana/2025-03-21/la-inspectora-que-detecto-el-fraude-del-novio-de-ayuso-ratifica-que-este-declaro-gastos-inexistentes-y-defraudo-350000-euros.html