El Gobierno investiga a inmobiliarias por cobrar comisiones ilegales en alquiler de viviendas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación tras detectar prácticas abusivas hacia los inquilinos, como cobros de comisiones por gestión de arrendamientos, imposición de contratos temporales sin justificación legal e inclusión de cláusulas abusivas.
Multas de hasta un millón de euros
Las infracciones graves podrían conllevar multas de hasta 100.000 euros y las muy graves de hasta un millón de euros. En algunos casos, estas cantidades pueden superarse hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilegal obtenido.
Prácticas ilegales detectadas
- Traslado ilegal de costes de gestión a los inquilinos.
- Cobro de comisiones por servicios a los inquilinos (prohibido por ley).
- Uso indebido de contratos de alquiler temporal sin justificación legal.
- Imposición de cláusulas abusivas.
Compromiso con la protección de los inquilinos
El Ministerio de Consumo reitera su compromiso con la protección de los derechos de los inquilinos y el acceso justo a la vivienda. Ha llevado a cabo programas informativos para prevenir abusos y recuerda que estas prácticas están prohibidas.
Investigación sobre pisos turísticos sin licencia
El Ministerio también investiga la publicidad de pisos turísticos que operan sin licencia. Plantea un real decreto para regular la temporalidad de los alquileres de corta estancia y crear un registro único para las viviendas de alquiler turístico de corta duración.
Medidas para combatir el alquiler ilegal
El registro será obligatorio para todas las viviendas de alquiler vacacional en España y contará con un número de identificación. Las viviendas sin este número no podrán anunciarse en plataformas digitales, limitando los anuncios ilegales.
Papel del Colegio de Registradores
El Colegio de Registradores verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normativas autonómicas y municipales, así como la licencia necesaria para ser ofertadas a turistas. El objetivo es frenar el alquiler ilegal y apoyar a las comunidades autónomas y ayuntamientos en la supervisión y control de esta actividad.
Entrada en funcionamiento
El nuevo sistema entrará en funcionamiento a lo largo de 2025, tras un periodo de pruebas para garantizar su correcta implementación y seguridad jurídica. Pretende poner fin a la falta de transparencia y descontrol en el mercado de alquiler turístico, ofreciendo un marco normativo más claro que proteja a inquilinos y propietarios.