La jueza Amy Berman Jackson congela los despidos de empleados de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor
La jueza Amy Berman Jackson, del distrito de Columbia, ha emitido una orden que impide a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) despedir a ningún empleado, excepto aquellos relacionados con el rendimiento o la mala conducta. Esta decisión también prohíbe al Gobierno de Trump destruir o eliminar cualquiera de los archivos de datos del CFPB, que incluyen quejas de consumidores e información sensible sobre bancos u otras entidades financieras.

Contexto
El lunes, Trump ordenó el cierre y la suspensión de todas las actividades de la CFPB, creada tras la crisis financiera de 2008 para vigilar a Wall Street y proteger a los consumidores. Russell Vought, recién nombrado director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), comunicó a los empleados de la CFPB durante el fin de semana que la agencia cesaba "toda actividad de supervisión y examen", lo que afecta a su labor de control sobre los abusos de los grandes bancos y la protección de los consumidores.

La agencia ha sido objeto de ataques políticos y empresariales desde su creación en 2011, tras la crisis financiera de 2008 y el colapso del mercado hipotecario subprime. La CFPB asegura que desde su creación ha logrado devolver a los consumidores casi 20 mil millones de dólares que las empresas habían obtenido mediante prácticas engañosas, como tasas abusivas en tarjetas de crédito o penalizaciones ocultas en préstamos y deudas.
Reacciones
La decisión de Trump de paralizar la CFPB se enmarca en la ofensiva de su Administración para reducir el gasto público, encabezada por el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), bajo la supervisión del magnate Elon Musk. Como parte de este plan, también se ha desmantelado en la práctica la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), con sus oficinas cerradas y sus empleados en el limbo.

La decisión de la jueza Jackson ha sido recibida con elogios por parte de los defensores de los consumidores y los demócratas, que la han calificado de "victoria para los estadounidenses". Los republicanos, por su parte, han criticado la decisión, calificándola de "intromisión judicial en el proceso político".
Se espera que la batalla legal sobre el futuro de la CFPB continúe durante algún tiempo, ya que la Administración Trump ha anunciado su intención de apelar la decisión de la jueza Jackson.