La Justicia prohíbe cortes de luz, agua y gas por falta de pago en La Matanza
En un fallo inédito, la Justicia argentina prohibió a las empresas de luz, agua y gas cortar el suministro a los usuarios que no puedan pagar sus facturas. La medida cautelar fue dictada por el juez Federico José Gallo Quintian, del juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1 de La Matanza, el municipio más poblado del país.
Los aumentos de tarifas, el detonante
La decisión judicial se produce en medio de una fuerte polémica por los recientes aumentos en las tarifas de los servicios públicos. El Gobierno nacional autorizó incrementos de hasta el 2,7% en las facturas de electricidad, mientras que las empresas de gas y agua también aplicaron subas considerables.
Estos aumentos han generado un fuerte rechazo social, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población. Según un estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), las tarifas de los servicios públicos aumentaron un 370% en lo que va del año, cuatro veces más que la inflación.
La pobreza energética
El aumento de las tarifas ha llevado a que muchos usuarios caigan en situación de pobreza energética, es decir, cuando el gasto en servicios públicos supera el 10% de los ingresos del hogar. Según el comunicado del municipio de La Matanza, las facturas de luz, gas y agua han aumentado hasta un 1000% en algunos casos.
El fallo judicial
Ante esta situación, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a la Multisectorial de La Matanza, presentó un recurso de amparo para proteger a los usuarios del municipio de los cortes de suministro. El juez Gallo Quintian hizo lugar al pedido y dictó una medida cautelar que prohíbe a las empresas cortar el servicio bajo ninguna circunstancia.
La medida regirá hasta tanto se resuelva fijar tarifas acordes con las posibilidades de pago de los usuarios, muy afectadas por las políticas de recesión y de pérdida de ingresos de la enorme mayoría de la población.
El fallo judicial sienta un precedente importante en la lucha contra la pobreza energética y la defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos.