La Comisión Nacional de la Energía (CNE) recupera su autonomía presupuestaria

El anteproyecto de ley de restablecimiento de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) está actualmente en manos del Ministerio de Hacienda. El departamento dirigido por María Jesús Montero, a petición del Gobierno, está analizando el dictamen de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de la que se segregará el regulador energético, en el que este organismo solicitó en marzo del año pasado un cambio en la financiación de la futura CNE.

Financiación estimada para garantizar la independencia

En concreto, se pedía que el presupuesto de la CNE fuera "estimado" y no "limitativo", tal y como figura en el artículo 29 del texto legal que está en trámite. Según dicho artículo, la CNE se nutriría principalmente de las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mediante "un régimen de presupuesto de carácter limitativo y vinculante al nivel de especificación establecido por la legislación presupuestaria para los organismos autónomos", recuerda el informe de la CNMC.

Por el contrario, el organismo presidido por Cani Fernández consideró necesario "dotar a la CNE de un régimen presupuestario de carácter estimativo, en línea con el régimen del que gozan otras Autoridades de idéntica naturaleza, para garantizar su suficiencia financiera y su suficiente autonomía presupuestaria para hacer frente con garantías a los retos futuros". En otras palabras, recuperar el sistema de financiación de la antigua CNE, que también perdió la CNMC con su creación en 2013, lo que supone dotar de mayor autonomía a la institución.

En este sentido, recuerda en su dictamen que la Directiva 2019/944 exige que las autoridades reguladoras nacionales cuenten con recursos financieros suficientes "para desempeñar sus competencias de manera eficaz y eficiente" y que "deben tener una dotación anual separada con autonomía en la ejecución del presupuesto asignado".

Un trámite parlamentario en curso

Por este motivo, propuso la modificación de los artículos 28 y 29 del anteproyecto para recuperar el sistema de financiación a través de tasas establecido para la extinta CNE. Esto significa que esos ingresos se destinarán directamente a la Comisión y no al Ministerio de Hacienda.

Aunque la CNE se financiará a través de peajes energéticos (de electricidad y gas) que los consumidores pagan en sus facturas, y al margen de que se financie con cargo a ingresos extrapresupuestarios (como los peajes), los Presupuestos del Estado fijan el gasto máximo en que pueden incurrir los organismos públicos.

Según fuentes políticas, aunque será el Gobierno quien finalmente decida si se modifica el texto, el criterio del Ministerio de Hacienda será decisivo. Por el momento, el departamento sigue analizando la cuestión y está provocando un retraso en la tramitación parlamentaria.

Una vez superado este trámite, el anteproyecto de ley de recuperación de la CNE pasará al Consejo de Estado, probablemente a principios de julio, para que emita su preceptivo dictamen. Ya superó el de la audiencia pública a principios de este año.

Concluido este paso, el Consejo de Ministros deberá aprobar el proyecto de ley para su remisión a las Cortes, lo que se espera en su primera o segunda reunión tras las vacaciones de verano. A partir de entonces se iniciará la tramitación parlamentaria (por vía de urgencia) que podría concluir a finales de este año o principios de 2025, fecha a partir de la cual podría empezar a funcionar la nueva Comisión.

Contará con un consejo de administración de siete miembros (incluido el presidente) con un mandato de seis años. Cuando entre en funcionamiento la CNE, que desapareció en 2013 con la creación de la CNMC, el Gobierno aprobará mediante real decreto su estatuto orgánico, que definirá las funciones y la estructura interna de la secretaría del consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad.

Según los plazos previstos en el Anteproyecto, la nueva entidad debe constituirse y estar plenamente operativa en el plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación. Por el momento, ya lleva retraso, pues las previsiones apuntaban a que podría entrar en funcionamiento a finales de este año.

En estos momentos, el consejo de la CNMC, dividido en dos salas (la de Supervisión Regulatoria y la de Competencia), tiene cinco vacantes. En la primera sala permanecerán el resto de reguladores sectoriales, como telecos, audiovisual, postal o ferroviario, tras la segregación del área de energía.

No se descarta que algunos de los actuales consejeros pasen, partiendo de cero, al consejo del futuro organismo. Por el momento, el Gobierno se encuentra en el dilema de pactar o no con el Partido Popular no solo la designación de representantes para estas vacantes, sino también los de otros supervisores cuyos mandatos caducan o han caducado este año: el del gobernador y subgobernador del Banco de España, el presidente y vicepresidenta de la CNMV y los siete de la futura CNE, ya en 2025.