La fiscal superior de Madrid testifica que el fiscal general le ordenó publicar la nota sobre Alberto González Amador
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le ordenó publicar la nota de prensa sobre la denuncia por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Según ha informado 'El Español' y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, Lastra ha ratificado que la responsabilidad de la difusión de ese comunicado de prensa fue del fiscal general, algo que él mismo ha asumido en un escrito remitido al tribunal.
Lastra ha comparecido como testigo ante el juez Francisco José Goyena, que investiga la querella presentada por González Amador contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por presuntos delitos de revelación de secretos y contra la intimidad.
La querella responde a la publicación de una nota de prensa que trataba de aclarar algunos extremos de la causa abierta por supuestos delitos fiscales contra González Amador y de su propuesta al ministerio público de llegar a un acuerdo para reducir su posible condena.
Ante informaciones que apuntaban a que el pacto lo habían ofrecido los fiscales y no el empresario, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado con "aclaraciones" sobre el caso.
González Amador se querelló entonces contra los fiscales por presunta revelación de secretos, que ahora investiga el TSJM.
El pasado lunes, García Ortiz presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que asumía la responsabilidad "última" de la nota de prensa y pedía por ello elevar la causa al Supremo, ya que es aforado.
Según ha manifestado, ese comunicado no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones "expresas y directas".
García Ortiz ya había asumido de forma pública la responsabilidad sobre la nota en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril.
El fiscal general entiende que esa orden no implicó ningún delito de revelación de secretos -porque la información sobre el caso ya estaba antes en los medios-, sino que respondía al deber de transparencia exigible a la Fiscalía.