La Fiscalía Anticorrupción rechaza los indultos para los expresidentes de la Junta de Andalucía condenados por malversación

La Fiscalía Anticorrupción rechaza los indultos para los expresidentes de la Junta de Andalucía La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe en el que se opone a la concesión del indulto a los ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por malversación en la conocida como causa política de los ERE. Entre ellos se encuentra el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. El Ministerio Público considera que no se dan las condiciones para otorgar la medida de gracia, ya que la conducta de los ex altos cargos "excede" del carácter excepcional que configura el indulto. Además, sostiene que ninguna de las razones esgrimidas por los solicitantes "guarda relación con la naturaleza y finalidad del indulto". En el informe, la Fiscalía señala que la conducta criminal de los ex altos cargos "ha sido enjuiciada con ecuanimidad" y dentro del marco de los delitos que se les atribuyen, que "no requieren económico propio". También afirma que "ninguna de las sentencias recoge la presencia de dilaciones indebidas" en el proceso, que se prolongó durante 13 años. El argumento que más detenidamente analiza la Fiscalía es el que apela a la trayectoria personal y profesional de los condenados y su "honestidad y honradez". En este sentido, el informe cuestiona esa honestidad y honradez por considerarla incompatible con "la condena por los delitos más graves en el seno de la Administración Pública". Además, la Fiscalía subraya que en la ejecución de esa conducta "se detecta un evidente y flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública". "La malversación tiende a hacer posible la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos y a garantizar la transparencia que tienen los funcionarios públicos", continúa el informe, que recuerda que los afectados dispusieron de créditos presupuestarios para "la concesión de ayudas ilegales por valor de 427 millones de euros". La decisión final sobre la concesión o no del indulto corresponde a la Audiencia de Sevilla, que es quien impuso las penas por esta causa en noviembre de 2019. Su resolución se basará en el informe de Anticorrupción, así como en el que ya le ha remitido la Junta de Andalucía, que se pronunció como administración perjudicada por la malversación y se posicionó a favor de exigir a los condenados las cantidades defraudadas.