La Fiscalía Anticorrupción investiga el abuso de contratos de emergencia en Andalucía
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla investiga el supuesto abuso de contratos de emergencia adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2021 y 2023, que el PSOE de Andalucía denunció en los tribunales el pasado mes de junio.
Contratos millonarios sin publicidad ni concurrencia
Estos contratos, por un valor total de 300 millones de euros, se otorgaron utilizando el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia dos años después de que se derogara el marco normativo que lo amparaba. Según la querella presentada por los socialistas andaluces, el SAS incurrió en malversación y prevaricación al adjudicar estos contratos sin publicidad, ni control, ni concurrencia, basándose en una normativa derogada.
Informes desfavorables de la Intervención General
La Intervención General de la Junta de Andalucía ha emitido informes desfavorables sobre estos contratos, apreciando incumplimientos y salvedades. En ellos, se advierte de que las contrataciones de emergencia y sus prórrogas contravinieron la Ley de Contratación Pública al no estar justificadas. Además, en el caso de las adjudicaciones a dedo realizadas a lo largo de 2021, se señala que el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2000 que las amparaba ya no estaba vigente y que la incidencia de la pandemia estaba entonces “muy atemperada”.
Situaciones de riesgo en el gasto público
La Intervención también advierte de que el abuso de estos contratos provocó “situaciones de riesgo” en el gasto público, ya que al no tramitarse por el procedimiento de libre concurrencia, no se pudieron comprobar las condiciones de solvencia, aptitud o capacidad de los adjudicatarios.
Prórroga sospechosa tras las elecciones
Entre las distintas prórrogas de los contratos exprés denunciados por el PSOE, destaca la realizada el 21 de junio de 2022, tres días después de que Juan Manuel Moreno ganara las elecciones por mayoría absoluta. Esta prórroga no solo amplía la duración de una adjudicación realizada el 20 de enero de 2021, sino que eleva el importe del gasto máximo a los 226.731.935,84 euros.
La Junta defiende su gestión
La Junta de Andalucía ha restado importancia a la admisión de la querella, alegando que se trataba de un mero trámite procesal. Desde el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno, también se ha aducido que el dinero empleado siempre se destinó a los fines estipulados en esos contratos y que se hicieron porque lo importante era “salvar vidas”. Sin embargo, la propia Intervención argumentaba en sus informes que la incidencia del covid se había atemperado.
Otros contratos bajo sospecha
Además de los contratos de emergencia, la Intervención del SAS también ha cuestionado los contratos menores adjudicados en esos dos años por las centrales de compra provinciales. En 2021 se otorgaron por esta vía un total de 1.223 millones de euros, y el 92% de ellos tenía irregularidades, la mayoría por fraccionamiento de adjudicaciones millonarias.
El PSOE está estudiando si incorporar estas irregularidades a su querella.
