La Generalitat valenciana continúa con la reforma que favorece la construcción en zonas costeras
El gobierno de la Comunidad Valenciana, actualmente en manos del Partido Popular y Vox, inició una serie de reformas legislativas poco después de asumir el poder en 2023 con el objetivo de flexibilizar una serie de normas vigentes aprobadas desde 2015 por el anterior gobierno del Botánico (PSPV, Compromís y Unidas Podemos), que buscaban ordenar y proteger el territorio valenciano.
La primera de estas reformas, la Ley de Simplificación Administrativa, entró en vigor en diciembre de 2023. Esta ley, que abarca multitud de materias que van más allá de la urbanística, puede afectar a la prohibición de construir en 1.137 hectáreas de suelo no urbanizable e inundable en zonas costeras. En concreto, la norma de simplificación administrativa permite el uso terciario (por ejemplo, la construcción de hoteles) a solo 200 metros de la línea de costa, cuando anteriormente el mínimo era de 500 metros. Además, otorga a los ayuntamientos la competencia para otorgar licencias en suelo no urbanizable en zonas inundables, una facultad que antes dependía de la Generalitat.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del Partido Popular, ha mantenido el contenido de su Plan Simplifica, tal y como fue diseñado meses antes de las inundaciones que devastaron gran parte de la provincia de Valencia, especialmente en zonas inundables. Una de las medidas más controvertidas, como permitir la construcción a 200 metros de la costa, fue acordada en las Cortes por el Partido Popular y Vox en octubre de 2023, cuando se produjeron las inundaciones que causaron al menos 222 muertes.
La ley vigente, tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es, salvo algunos cambios, el decreto que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentó en mayo de 2023 con el objetivo de dejar atrás el «modelo anticuado» y «reducir las trabas» en la legislación autonómica, es decir, simplificar la burocracia para agilizar los trámites administrativos para las empresas y mejorar la relación con los ciudadanos. El decreto eliminaba o modificaba 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y más de 500 artículos vigentes. El gobierno valenciano lo aprobó a principios de julio de 2023, aunque posteriormente, por exigencia de Vox, que ya había abandonado el gobierno valenciano, tuvo que tramitarse como proyecto de ley en las Cortes Valencianas.
Esta ley deriva, por ejemplo, a los municipios la elaboración de informes y la competencia para otorgar licencias en suelo no urbanizable en zonas inundables con el fin de agilizar los trámites de los proyectos, cuando anteriormente era una obligación de la Generalitat. Otro de los artículos que más llamó la atención del decreto de julio fue la reducción de la distancia a la costa para poder construir hoteles o cualquier otro uso terciario del suelo, lo que desmontaba la protección diseñada por el anterior gobierno del Botánico para alejar las construcciones de hormigón del litoral tras años de auge urbanístico.
Precisamente, el nudo gordiano del Plan Integral de Ordenación de la Costa de la Comunidad Valenciana (Pativel), aprobado en 2018 por el gobierno progresista, era impedir la construcción en los primeros 500 metros de litoral, protegiendo 7.500 hectáreas de suelo, de las cuales 1.137 eran, antes del plan, urbanizables y estaban localizadas en zonas inundables. El Pativel las desclasificó y las convirtió en no urbanizables. Ahora, la Generalitat introduce un cambio que permite el uso terciario hotelero a partir de los 200 metros de la línea de playa.
El borrador del anteproyecto de ley de ordenación y protección de la costa valenciana, otra de las reformas legales anunciadas por el gobierno de Mazón, va en la misma dirección y, de llevarse a cabo, también restaría fuerza legal al plan que protegía de la edificación las zonas inundables, según la portavoz adjunta socialista María José Salvador. «El Pativel nos puso a la vanguardia en protección de la costa, teniendo en cuenta lo maltratada que ha estado históricamente, y ahora quieren vaciarlo», añadió también en su día la diputada de Compromís, Paula Espinosa.
El plan Simplifica incluye otro elemento que debilita la Estrategia Territorial Valenciana, el primer documento de ordenación del territorio autonómico aprobado en 2011 por la Generalitat, entonces presidida por el Partido Popular, y que limitaba el crecimiento urbanístico hasta 2030 en los municipios. El gobierno del socialista Ximo Puig (2015-2023) hizo vinculantes sus dictámenes y ahora el Partido Popular quiere considerarlos orientativos.
Los anuncios de modificación o revisión de la legislación vigente más proteccionista con el territorio se suceden. Hace solo unos días, el gobierno autonómico manifestó su intención de modificar la Ley de la Huerta, que protege tierras de alto valor agrícola, con el objetivo, según la oposición, de «desbloquear los proyectos de actuación sobre el encauzamiento de ríos y barrancos», un tema muy sensible tras las inundaciones.
La socialista María José Salvador, exconsejera de Territorio del gobierno del Botánico, cree que el motivo alegado por el Consell era una mera excusa porque no hay ninguna infraestructura hidráulica que esté prohibida en la Ley de la Huerta, que fue aprobada bajo su mandato. Por ejemplo, para intervenir en los barrancos del Poyo o La Saleta, desbordados durante las inundaciones, Salvador asegura que la Ley de la Huerta no es un impedimento. Solo exige una serie de criterios de integración paisajística para intervenir en los cauces. Y entiende que detrás de la urgencia del gobierno valenciano para modificar esta norma puede estar también el abrir la puerta a la edificación en este tipo de suelos.
Por último, la Generalitat se propone revisar también el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación (Patricova), donde se identifican y cartografían las zonas inundables de la Comunidad Valenciana. «¿Para qué? No lo sabemos», dice Salvador, quien recuerda que este plan ha sido un instrumento válido y ha evitado la construcción en zonas inundables durante los mandatos del Botánico.
Según el actual consejero de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, el cambio legal «recogerá nuevas prioridades» para evitar la construcción en zonas de potencial alto riesgo, según señaló la semana pasada. Una nueva cartografía «permitirá delimitar las zonas que han sufrido inundaciones y la altura de calado de cada una de ellas», para «visualizar el territorio afectado y la magnitud de las inundaciones», sufridas en el temporal de hace un mes, explicó.
La reforma legislativa emprendida por el gobierno valenciano ha generado preocupación entre los grupos ecologistas y los partidos de la oposición, que consideran que debilitará la protección del territorio y aumentará el riesgo de inundaciones y otros desastres naturales. Por su parte, el gobierno defiende que la simplificación administrativa agilizará los trámites y favorecerá la inversión y el crecimiento económico.
