La Justicia española tumba una de cada tres sanciones de la CNMC a empresas por cárteles
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido 50 resoluciones contra cientos de empresas por su participación en acuerdos secretos que restringen la competencia, conocidos como cárteles, desde su creación en 2014 hasta 2023. Estas actuaciones están prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y han llevado a la imposición de multas millonarias a empresas y directivos.
Sin embargo, los jueces no siempre avalan las conclusiones de la CNMC, ya que aproximadamente una de cada tres resoluciones es anulada y en la mitad de los casos se solicitan correcciones en los periodos imputados o en los importes de las sanciones.
La Audiencia Nacional es el primer órgano que revisa las resoluciones de la CNMC para garantizar su legalidad. Las empresas y personas imputadas pueden recurrir las resoluciones, que detallan los hechos considerados anticompetitivos y las multas impuestas.
Las sentencias de la Audiencia Nacional pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, que tiene la última palabra en caso de discrepancia entre las empresas o la CNMC y los primeros fallos.
El Tribunal Supremo suele confirmar los dictámenes de la Audiencia Nacional, aunque en algunos casos ha revocado lo dictaminado anteriormente, inclinando la balanza a favor de una u otra parte del conflicto.
Por ejemplo, en 2019 el Supremo estimó los recursos de las empresas sancionadas por el cártel de recogida de papel, al considerar que las pruebas presentadas no eran válidas.
Casos anulados
Entre los casos anulados destacan:
- El cártel de basuras, por el que la CNMC sancionó en 2015 a 39 empresas, entre ellas FCC, Cespa, Urbaser, Valoriza y Saica, por repartirse contratos con administraciones públicas. La Audiencia Nacional anuló el expediente por falta de pruebas de un plan único de actuación.
- El cártel de seguridad, por el que la CNMC sancionó en 2016 a Prosegur y Loomis por repartirse el mercado de transporte y manipulación de dinero. La Audiencia Nacional consideró que las pruebas no eran suficientes.
- El cártel de infraestructuras ferroviarias, por el que la CNMC sancionó en 2016 a cuatro empresas, entre ellas Amurrio y Duro Felguera, por repartirse el suministro de desvíos ferroviarios a Adif. La Audiencia Nacional anuló el expediente por falta de precisión y motivación.
Casos confirmados
En más del 69% de los casos resueltos por los tribunales, se ha confirmado la existencia de un cártel, aunque no siempre se ha avalado íntegramente.
Solo el 25% de los 36 procedimientos revisados judicialmente han sido confirmados en su totalidad. En más del 44,5% de los casos, se han confirmado parcialmente, ordenando recalcular las sanciones o anulando alguna imputación concreta por falta de acreditación de participación en el cártel, prescripción de los periodos investigados o cálculo incorrecto de las multas.
Entre los casos confirmados íntegramente destacan:
- El cártel de construcciones modulares, por el que la CNMC sancionó en 2015 a siete empresas, entre ellas Dragados, por fijar precios y repartirse adjudicaciones y clientes.
- El cártel de mensajería y paquetería, por el que la CNMC sancionó en 2018 a 10 empresas por firmar "pactos de no agresión".
Casos parcialmente confirmados
La mayoría de las sentencias aprueban parcialmente las conclusiones de la CNMC.
Por ejemplo, en el cártel de la leche, la Audiencia Nacional anuló inicialmente el expediente por defectos de forma, pero tras subsanarlos, la CNMC emitió una nueva resolución que fue confirmada parcialmente por la Audiencia, que ordenó corregir algunas de las penalizaciones.
Algo similar ocurrió con los cárteles de concesionarios, que afectaron a marcas como Toyota, Land Rover, Hyundai, Opel, Chevrolet y Volvo. Los tribunales confirmaron las prácticas irregulares en todos los casos, excepto en Hyundai, y ordenaron recalcular las multas a gran parte de los concesionarios involucrados.
Conclusión
La Justicia española juega un papel fundamental en la vigilancia de la competencia en el mercado, revisando las resoluciones de la CNMC y confirmando o anulando las sanciones impuestas a las empresas por prácticas anticompetitivas.
Los tribunales analizan la legalidad de los expedientes, la suficiencia de las pruebas y la correcta aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, garantizando la protección de la competencia y el bienestar de los consumidores.