La Seguridad Social da un paso adelante en la regulación de las mutualidades de abogados
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha registrado una proposición de ley para regular el paso de los miembros de las mutualidades de abogados y procuradores a la Seguridad Social. Esta propuesta es un nuevo intento después del fracaso en el Congreso de los Diputados de una enmienda a la ley de eficiencia de la justicia.
El texto incluye tres cuestiones principales: limitar la posibilidad de elegir entre una mutualidad y el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, mejorar la cobertura de las mutualidades y crear una "pasarela" para que los mutualistas puedan transferir sus fondos al RETA y cobrar pensiones públicas.
Requisitos para acceder a la pasarela
La nueva propuesta restringe el acceso a la pasarela a quienes se hayan dado de alta en las mutualidades antes del 1 de enero de 2013. Además, existen otros tres requisitos:
- Carecer del periodo mínimo (15 años) para acceder a una pensión de jubilación del sistema público de Seguridad Social.
- Estar activo como profesional colegiado en la respectiva mutualidad a fecha del 31 de diciembre de 2022.
- No tener la condición de pensionista.
Críticas al diseño de la pasarela
Parte de los mutualistas afectados critican la fórmula de equivalencia entre la cuantía de los fondos acumulados en las mutualidades y los años cotizados que reconocerá la Seguridad Social. La propuesta mantiene el coeficiente "de referencia" en 0,77, pero podrá bajar hasta 0,67 o subir al 0,87 según los años de alta en la mutualidad.
Según la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (Anama), el coeficiente más justo sería cercano al 0,57, lo que significaría que para conseguir 15 años cotizados por la base mínima de cotización al RETA, cada mutualista debería entregar unos 33.000 euros de su fondo en la mutualidad al sistema público.
Negociaciones y plazos
El diseño de la pasarela ha generado discrepancias entre los afectados y algunos grupos parlamentarios. Se abre un nuevo espacio negociador entre la Seguridad Social, los grupos parlamentarios y las asociaciones de afectados, que no tiene un plazo cerrado.