Situación financiera complicada

La Universidad de Málaga (UMA) atraviesa una delicada situación financiera, con una deuda acumulada de 27 millones de euros y gastos pendientes de ejercicios anteriores por 17 millones más. La institución ha implementado un plan de ajuste para hacer frente a esta situación, pero las medidas tomadas hasta ahora han resultado insuficientes.

Medidas de ajuste

El equipo de gobierno de la UMA ha reducido gastos en energía y otros aspectos, logrando un ahorro de 14,5 millones de euros. Sin embargo, el presupuesto para 2024 ha sufrido una reducción adicional de 14 millones de euros. Además, se reducirá la tasa de reposición del personal, lo que significa que pocas jubilaciones serán cubiertas.

La universidad también busca nuevas fuentes de ingresos a través de licitaciones y explotaciones como un aparcamiento cercano al aeropuerto.

Préstamo de la Junta de Andalucía

Para garantizar la actividad educativa y pagar a los proveedores, la Junta de Andalucía ha concedido a la UMA un préstamo de 48,5 millones de euros al 1% de interés. El préstamo deberá ser devuelto en un máximo de 21 años.

Críticas y responsabilidades

La administración universitaria achaca la situación a la anterior gestión, bajo el mandato de José Ángel Narváez, y a la infrafinanciación por parte de la Junta de Andalucía. Sin embargo, fuentes de la consejería señalan que la universidad malagueña gastó más de lo autorizado por Hacienda entre 2019 y 2023.

Incertidumbre entre el profesorado

Las medidas de ajuste han generado incertidumbre entre el profesorado, especialmente ante la falta de promociones internas. Unos 60 catedráticos reconocidos en 2024 aún esperan sus plazas, que deberían haber sido convocadas automáticamente.

Planes de futuro

Además de las medidas de ahorro, la UMA se plantea un importante plan de ahorro energético y la búsqueda de nuevos ingresos. También espera licitar una finca cercana al aeropuerto para su uso como aparcamiento.

La universidad se enfrenta a un reto para superar esta situación y garantizar su sostenibilidad económica y educativa en el futuro.