Las cárceles privadas se frotan las manos ante el plan de deportaciones de Trump

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha sido recibida con entusiasmo por las empresas privadas gestoras de prisiones, que esperan beneficiarse de sus promesas de aumentar las deportaciones y aplicar políticas de inmigración más estrictas.

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Perspectivas de crecimiento

El Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) es uno de los principales clientes de estas empresas, que cuentan con capacidad para albergar a decenas de miles de inmigrantes indocumentados. La política de mano dura de Trump contra la inmigración ilegal podría traducirse en un aumento significativo del número de detenidos.

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Además, el gobierno de Trump ha recortado los fondos para programas de reinserción, lo que podría conducir a un aumento de las tasas de reincidencia y, en consecuencia, a una mayor demanda de servicios penitenciarios.

Oposición de grupos de derechos humanos

Sin embargo, los planes de Trump han sido criticados por grupos de derechos humanos, que argumentan que las cárceles privadas tienen un historial de abuso y negligencia. Estos grupos también señalan que el encarcelamiento de inmigrantes indocumentados es una medida costosa e ineficaz que separa a las familias y daña a las comunidades.

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Beneficios económicos

A pesar de las críticas, las empresas privadas gestoras de prisiones se están preparando para un periodo de crecimiento. Según un informe de la ONG The Sentencing Project, la población carcelaria en prisiones privadas en EE.UU. ronda el 8% del total, y se espera que este porcentaje aumente bajo la administración Trump.

Las acciones de las dos principales empresas del sector, Geo Group y CoreCivic, se han disparado desde las elecciones, lo que refleja el optimismo de los inversores ante la perspectiva de mayores beneficios.

Conclusión

El plan de deportaciones de Trump y las políticas de línea dura contra la inmigración ilegal están dando un importante impulso a las empresas privadas gestoras de prisiones. Sin embargo, estas empresas siguen enfrentándose a la oposición de grupos de derechos humanos, que argumentan que sus prácticas son perjudiciales para los inmigrantes y sus familias.