Las playas privadas italianas cierran en protesta por el concurso público
Las sombrillas y tumbonas de las playas privadas italianas permanecen cerradas desde las 7:30 hasta las 9:30 horas de este viernes, en señal de protesta contra la decisión del Gobierno de sacar a concurso público la explotación de estos espacios, en aplicación de la normativa europea.
La huelga, que ha tenido un seguimiento desigual en las distintas regiones del litoral italiano, ha sido más un gesto simbólico que efectivo, ya que se ha producido en la franja horaria menos concurrida del día.
Un conflicto enquistado
Las concesiones de las playas son una cuestión tradicionalmente ardua en Italia, donde no existe una normativa nacional que regule la cuestión. Las licencias se otorgaron hace décadas sin concurso público y desde entonces se han ido renovando de forma automática, casi siempre a los mismos propietarios y familias.
Este sistema ha favorecido en numerosas ocasiones las infiltraciones de las mafias en la gestión de las playas, ya que los gestores pagan unos alquileres muy bajos en comparación con las elevadas ganancias que obtienen.
La última prórroga la autorizó el Gobierno de Giorgia Meloni en 2022 y contemplaba una extensión de las licencias hasta finales de 2024. Sin embargo, Italia está obligada por la directiva Bolkestein de 2006 de la Unión Europea a licitar estos espacios, algo que nunca ha hecho.
Presiones para convocar concursos
En los últimos años, cada vez son más las instituciones que presionan para que se convoquen concursos públicos. En 2023, el Consejo de Estado, el máximo organismo de la justicia administrativa en Italia, reafirmó que las concesiones deberían expirar en diciembre de 2023.
El presidente de la República, Sergio Mattarella, también ha subrayado que las prórrogas de las concesiones son incompatibles con el derecho europeo.
Falta de criterios y peticiones de compensación
Los propietarios de los establecimientos playeros denuncian la falta de criterios nacionales en materia de licitaciones, lo que podría ocasionar un trato desigual entre unas localidades y otras.
Además, las asociaciones de comerciantes piden compensaciones económicas para los concesionarios salientes que perderán sus concesiones debido a los concursos públicos.
Datos controvertidos
Los sindicatos organizadores de la huelga hablan de un seguimiento del paro del 80%, mientras que las asociaciones de consumidores hablan de un “fracaso” y de “adhesiones por debajo de las expectativas”.
El Gobierno recaudó en 2019 unos 115 millones de euros con la venta de licencias de explotaciones de las playas, mientras que se estima que los establecimientos playeros facturan unos 15.000 millones de euros anuales.