La ley de vivienda, un año después: Críticas y propuestas para solucionar la falta de oferta
A un año de su aprobación, la ley de vivienda sigue sin resolver el grave problema del acceso a la vivienda, debido a la falta de medidas para aumentar la oferta. Esto ha convertido la vivienda en España en una emergencia social, según los expertos que participaron en la jornada Ley de Vivienda un año después: avances y retos, organizada por el Club Inmobiliario de Esade Alumni.
Falta de oferta
El sector inmobiliario critica que la ley se ha centrado en el control de precios en zonas tensionadas, una medida que solo se aplica en 140 municipios catalanes. Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y Aliseda, advierte de que la reducción de la oferta en Cataluña es "tremenda". Además, la inclusión de promociones de obra nueva en el tope de precios ha "cargado" el build to rent (promoción y construcción de pisos para alquilar).
El Ministerio de Vivienda reconoce el déficit de un millón de viviendas y estima que se necesita una producción anual de 200.000 viviendas, frente a las 90.000 construidas en el último ejercicio. Anselmo Menéndez, subdirector general de política y ayudas a la vivienda del ministerio, señala que un 30% de este déficit debería ser solventado con vivienda pública, un 30% con vivienda asequible y un 40% con vivienda libre.
Medidas propuestas
El sector inmobiliario propone poner en marcha los mecanismos previstos en la ley de vivienda, como la colaboración público-privada. Carmina Ganyet, directora general corporativa de Inmobiliaria Colonial, considera que es necesario consensuar la ambición de la ley con la iniciativa privada.
Helena Beunza, presidenta de ASVAL, critica la falta de diálogo entre los sectores público y privado, que retrasa la puesta en marcha de políticas. Los grandes propietarios urgen al Gobierno a un acuerdo para la cesión de miles de viviendas para alquiler social de familias vulnerables.
Mendiluce propone un programa de cesión de suelos privados para crear vivienda pública en régimen concesional. El Ministerio avalará los préstamos de la Línea Vivienda de 4.000 millones de euros gestionada por el ICO para facilitar el acceso a financiación de promotores públicos y privados.
El sector también reclama la aprobación de la fallida ley del suelo, retirada del Congreso en mayo por falta de apoyo. La legislación actual, según Íñigo Fernández de Mesa, presidente de Rothschild & Co Spain y vicepresidente de la CEOE, hace poco rentable la producción de vivienda.
Helena Beunza reconoce la dificultad de aumentar el gasto público en viviendas, pero insiste en la necesidad de flexibilizar los procedimientos urbanísticos y administrativos para reactivar la construcción.