Ley secundaria en materia energética: una necesidad para el 2025
El sector energético mexicano afronta un desafío crucial en el 2025: la implementación de leyes secundarias que garanticen el abasto de energía eléctrica y permitan la participación del sector privado.
El reto de brindar certidumbre
Los expertos coinciden en la importancia de contar con un marco regulatorio claro y estable que brinde certidumbre a los inversionistas. Según César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, «un nuevo marco regulatorio que incentive la inversión en proyectos energéticos sostenibles es fundamental».
Sin embargo, los legisladores enfrentan la disyuntiva de elaborar una legislación detallada que proporcione mayor certidumbre, pero con menos flexibilidad, o un andamiaje regulatorio más general que permita mayor discrecionalidad gubernamental.
La participación del sector privado
El plan energético presentado por el gobierno federal prevé la participación del sector privado en la generación, transmisión y distribución de energía. Este involucramiento es crucial, ya que las empresas estatales no pueden afrontar solas las necesidades del país.
Roberto Mercado Baidón, socio de EPSCON, enfatiza que «las inversiones públicas no serán suficientes, por lo que la inversión privada será necesaria».
Los expertos confían en que la ley secundaria y el plan de energía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo proporcionen el esquema necesario para la participación privada.
La transición energética
El plan energético también contempla la transición hacia energías limpias y renovables. El presidente del Clúster Energético de Nuevo León destaca «el impulso de la presidenta Sheinbaum a la transición energética».
Esta transición es esencial para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un futuro sostenible.
Las urgencias del 2025
Los poderes legislativo y ejecutivo tienen una importante presión de tiempo para cumplir con las reformas constitucionales en materia energética. Juan Carlos Machorro, experto de Santamarina y Steta, señala que «lograr las adecuaciones a leyes secundarias en un plazo de 180 días naturales no es fácil».
El cumplimiento de estos plazos es crucial para garantizar la certidumbre y atraer inversiones al sector energético mexicano.
