Los precios de los colectivos están en alza en todo el país, impulsados por el aumento de los costos del combustible y el fin de los subsidios. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el boleto sigue siendo uno de los más económicos, pero los intendentes del interior reclaman una recomposición del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano.
Las tarifas más caras
Según un ranking elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Pinamar continúa siendo la ciudad argentina con el boleto más caro del país, con una tarifa de $1591. Otra ciudad bonaerense, Pergamino, se ubica en segundo puesto con un pasaje de $1400. Completan el podio Bariloche y General Roca, ambas con una tarifa de $1275.
Aunque no se encuentra en el ranking de AAETA, Rafaela, en Santa Fe, tiene un boleto de $1200. Dos municipios de Neuquén, Centenario ($1147) y San Martín de los Andes ($1054), también figuran entre los más caros. La ciudad de Formosa, que retomó el servicio de transporte urbano tras más de dos meses de interrupción, tiene un costo de $1050 por boleto. Finalmente, las otras dos localidades con tarifas de cuatro cifras son Rawson ($1031) y Reconquista ($1016).
Las tarifas más económicas
El boleto más económico del país continúa siendo el de la localidad santafesina de Venado Tuerto, que sostiene municipalmente el servicio a un costo simbólico de $10. Dentro de las grandes urbes, La Rioja cuenta con un pasaje de tan sólo $300, mientras que el AMBA, luego del último anuncio de incremento, tendrá una tarifa de $32.
El reclamo de los intendentes
Los intendentes de todo el país reclaman una recomposición del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País. Argumentan que la actual distribución de los subsidios es desigual y que los fondos destinados al transporte urbano del interior son insuficientes.
El reclamo se intensificó tras la Resolución 4/2024 firmada por la Secretaría de Transporte, que dispuso el aumento de subsidios para las empresas de transporte urbano por fuera del AMBA, lo que profundizó las condiciones de desigualdad del servicio.
Para evitar la judicialización de la demanda, los intendentes presentaron un proyecto de ley a la Comisión de Transporte en el que se establece un esquema de distribución de la recaudación del impuesto al combustible que garantice una distribución más equitativa de los recursos.
