Desde la medianoche del miércoles 21 de agosto de 2024, el Poder Judicial de la Federación (PJF) en México se encuentra en un paro nacional indefinido. Esta medida se toma en respuesta a la controvertida reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Los jueces y magistrados, así como aproximadamente 55,000 trabajadores judiciales en todo el país, están suspendiendo actividades en protesta contra los cambios legislativos que buscan modificar significativamente el sistema judicial.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) ha emitido una declaratoria formal para la suspensión de actividades en todos los órganos jurisdiccionales, exceptuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta decisión sigue a una votación realizada el lunes 19 de agosto, donde 1,202 jueces de los 1,403 que participaron votaron a favor del paro, mientras que solo 201 se manifestaron en contra.
La protesta se origina a raíz de la propuesta de AMLO que incluye, entre otros puntos, la elección de jueces y magistrados por voto popular. Los trabajadores y funcionarios judiciales argumentan que este cambio atenta contra la independencia judicial y la calidad del sistema de justicia, promoviendo una posible politización de los cargos judiciales.
La reforma propuesta por AMLO es una de las más radicales en décadas, buscando transformar el sistema judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados. AMLO defiende que el objetivo es eliminar la corrupción y los privilegios existentes en el sistema judicial. Sin embargo, críticos señalan que esta medida podría resultar en la selección de candidatos con mínima experiencia jurídica, lo que podría deteriorar la calidad y la independencia del Poder Judicial.
Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México, critica la reforma afirmando que representa un retroceso hacia un control político de la justicia, comprometiendo la autonomía judicial y violando normas internacionales.
La huelga afecta a una amplia gama de órganos judiciales, incluyendo plenos regionales, tribunales colegiados de circuito y apelación, y juzgados de distrito, entre otros. Los empleados han cerrado sedes en cerca de 16 estados y planean continuar el paro hasta que se atiendan sus demandas. Las únicas excepciones a esta suspensión son los órganos de la SCJN y el TEPJF, que continuarán sus operaciones.
Los trabajadores judiciales han anunciado que se atenderán solo casos urgentes durante el paro, tales como aquellos en materia penal que involucren riesgos para la vida de las personas. La implementación de guardias en las sedes judiciales busca garantizar que se resuelvan los asuntos más críticos durante la huelga.
El presidente AMLO ha respondido a la huelga acusando a los trabajadores de ser parte de la corrupción que pretende combatir con la reforma. En sus conferencias matutinas, ha reiterado que la reforma no afectará a los empleados, sino que está orientada a beneficiar el sistema judicial en su conjunto. Además, AMLO ha anunciado que en los próximos días se explicarán nuevamente los detalles de la reforma para disipar malentendidos y aclarar sus objetivos.