Morena busca penalizar los cárteles inmobiliarios con hasta 20 años de prisión
En un esfuerzo por combatir la corrupción en el sector inmobiliario, el partido Morena está impulsando una iniciativa legislativa que busca imponer penas de hasta 20 años de cárcel para aquellos involucrados en los denominados «cárteles inmobiliarios». Esta propuesta, liderada por el diputado federal Luis Humberto Fernández, busca reformar tanto el Código Penal como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, endureciendo las sanciones para quienes coluden en prácticas corruptas dentro del ámbito de la construcción y el desarrollo inmobiliario.
¿De qué se trata la iniciativa?
La iniciativa de Morena surge como respuesta a la creciente preocupación por la corrupción en el sector inmobiliario, donde se han detectado esquemas de colusión entre funcionarios públicos y empresas constructoras para obtener beneficios indebidos. Según Redacción (2024), en un artículo publicado en Milenio, el diputado Fernández ha señalado que existe «una colusión entre servidores públicos y empresas para obtener un lucro indebido».
La propuesta plantea modificaciones al Código Penal, estableciendo penas que oscilan entre cinco y 10 años de prisión para los responsables de estas prácticas corruptas. Sin embargo, en el caso de servidores públicos involucrados, la pena podría duplicarse, alcanzando hasta los 20 años de cárcel. Además, se contempla la imposición de sanciones administrativas para aquellos funcionarios que participen en actos de colusión con desarrolladores inmobiliarios.
El alcance de los cárteles inmobiliarios
El término «cárteles inmobiliarios» se refiere a estructuras complejas que involucran a diversos actores, desde ingenieros y empresas constructoras hasta funcionarios públicos, quienes se organizan para obtener ventajas indebidas en el mercado inmobiliario. Estas operaciones pueden incluir la aprobación irregular de permisos de construcción, la modificación ilícita de usos de suelo, y la obtención de contratos públicos de manera fraudulenta.
Fernández (como se cita en Redacción, 2024) advierte que «Los cárteles inmobiliarios es algo que ha afectado a todo el país», resaltando la necesidad de implementar medidas efectivas para combatir esta problemática. La iniciativa de Morena busca precisamente desmantelar estas estructuras criminales, sancionando severamente a quienes participen en ellas.
Implicaciones y beneficios de la reforma
La aprobación de esta reforma tendría diversas implicaciones para el sector inmobiliario y para la sociedad en general. En primer lugar, se fortalecería la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos destinados al desarrollo urbano. Al imponer sanciones más severas a los funcionarios corruptos, se disuadiría la comisión de actos ilícitos y se promovería una competencia más justa entre las empresas constructoras.
En segundo lugar, se protegerían los derechos de los compradores de vivienda, quienes a menudo son víctimas de fraudes y engaños por parte de desarrolladores inmobiliarios inescrupulosos. Al combatir la corrupción en el sector, se garantizaría que las viviendas se construyan cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad, y que los compradores no sean defraudados en sus inversiones.
Finalmente, la reforma beneficiaría a los ejidatarios y a las comunidades locales, quienes a menudo ven sus tierras expropiadas o utilizadas de manera irregular por parte de los cárteles inmobiliarios. Al fortalecer la protección legal de la propiedad privada y al combatir la corrupción en el sector, se garantizaría que los ejidatarios reciban una compensación justa por sus tierras y que sus derechos sean respetados.
Próximos pasos
La iniciativa de Morena se encuentra actualmente en proceso de análisis y dictaminación en comisiones en la Cámara de Diputados. Una vez que sea aprobada por los diputados, pasará al Senado para su discusión y votación. En caso de ser aprobada por ambas cámaras, la reforma será publicada por la Presidencia de la República y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.
Según Grupo Milenio (2024), se espera que la reforma genere un debate intenso en el Congreso, ya que involucra intereses económicos poderosos y afecta a diversos actores del sector inmobiliario. Sin embargo, los promotores de la iniciativa confían en que lograrán el respaldo necesario para su aprobación, argumentando que se trata de una medida necesaria para combatir la corrupción y promover un desarrollo urbano más justo y equitativo.
Conclusión
La iniciativa de Morena para penalizar los cárteles inmobiliarios con hasta 20 años de prisión representa un paso importante en la lucha contra la corrupción en el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Al endurecer las sanciones para los funcionarios públicos y las empresas que coluden en prácticas corruptas, se espera disuadir la comisión de actos ilícitos y promover una competencia más justa en el mercado. Esta reforma, de ser aprobada, podría tener un impacto significativo en la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de los compradores de vivienda y los ejidatarios en todo el país.
