El sector inmobiliario propone movilizar suelo privado para ampliar la vivienda social
Durante la clausura de la XXV Jornada Anual del Club Inmobiliario Esade Alumni, titulada 'Ley de Vivienda un año después: avances y retos', celebrada en Madrid, representantes del Gobierno y del sector privado inmobiliario han coincidido en la necesidad de colaborar para lograr una mayor eficacia en la gestión que garantice el acceso a la vivienda, poniendo el foco en el alquiler.
El CEO de Anticipa-Aliseda defiende la movilización del suelo privado
El CEO de Anticipa-Aliseda, Eduard Mendiluce, ha defendido la movilización del suelo privado para desarrollar vivienda social y solucionar el déficit de este tipo de vivienda en España, así como los problemas de accesibilidad de los sectores más desfavorecidos.
Mendiluce considera urgente "movilizar el parque de suelos privados; el público ya se hace, pero es el que es y el problema es que no nos salen los números". También ha hecho un llamamiento a movilizar el parque de viviendas existente, vacío y no vacío, para solucionar los dos grandes problemas: "La falta de oferta y la sobrecarga en el pago de la vivienda, un eufemismo que esconde casos de vulnerabilidad", pues ha recordado que el 45% de los alquileres genera problemas a las familias, según datos del Banco de España.
Medidas propuestas por el sector privado
El sector privado ha abogado por que los sectores públicos y privado --"hay que acabar con la desconfianza mutua"-- se sienten a estudiar la aplicación de la Ley de Vivienda y garantizar una seguridad jurídica que se ha visto vulnerada por los cambios de criterio, dice, y asegura que el límite de actualización de alquileres que ha propuesto el INE "es una oportunidad".
- Una tramitación legislativa rápida.
- Un plan de vivienda.
- Apoyo presupuestario.
- Incentivos fiscales para los promotores.
Son las medidas que se deben aplicar, según Mendiluce.
La Ley de Vivienda, a debate
La presidenta del Club Inmobiliario Esade Alumni y directora general corporativa de Colonial, Carmina Ganyet, ha atribuido el déficit de vivienda en España -cifrado en un millón de viviendas- a "políticas inconexas, oscilaciones en la regulación, una visión a corto plazo y un gasto público bajo".
Ganyet ha celebrado la creación de un Ministerio de Vivienda y de una nueva ley para garantizar el acceso a la vivienda digna, "pero esta ley descarga mucho en el sector privado los importantes costes, y hay medidas que no van a conseguir la equidad; generarán un efecto contrario".
Por eso, ha defendido "una mirada larga y estable: esto no va de regular a cuatro años, sino de un plan a largo plazo ambicioso".
El vicepresidente de la CEOE y Chairman of the Board Rothschild & Co Spain, Íñigo Fernández de Mesa, ha analizado la situación económica internacional y se ha referido a las perspectivas del sector inmobiliario español, que a su juicio son positivas.
Fernández de Mesa considera que la Ley de Vivienda presenta aspectos deficientes, como la reserva del 30% a vivienda protegida que "hace poco rentable la promoción", y ha avisado de que el alquiler social, por el que se ha apostado en el resto de Europa "debe ser desarrollo parte del sector público, pero el privado también debería implicarse".
En una mesa redonda, el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Anselmo Menéndez; el director de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Carlos Ruiz, y la presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Helena Beunza, han analizado la nueva ley y la regulación catalana.
Ruiz (IEE) ha asegurado que la nueva ley "no responde a las necesidades. Falta un fomento de la oferta y de la colaboración público-privada para favorecer el acceso de colectivos vulnerables", y ha enmarcado su aprobación en un exceso de regulación que está tensionando los precios.
A su juicio, las medidas fundamentales son disponer de más suelo, mejorar los procesos de gestión y más coordinación de las distintas administraciones, y ha abogado por favorecer un parque de vivienda pública destinado al alquiler.
La regulación catalana también ha sido analizada por los ponentes, que han coincidido en cuestionar su eficiencia.
La ley estatal establece precios máximos y mínimos en toda España para una vivienda a partir de las características de la misma, mientras que la Generalitat defiende un índice con una cifra única, por lo que en mayo presentó recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el tope a los alquileres aprobado por el Gobierno.
Según Anselmo Menéndez, la regulación catalana "es un error" porque es necesario abordar esos topes de forma individualizada y no generalizar, mientras que Beunza (Asval) ha criticado una sobrerregulación en la que ha coincidido Ruiz (IEE).