Nuevas reglas para el cómputo de cotizaciones de prácticas realizadas antes de 2024
Desde el pasado sábado, todas las personas que no cotizaron durante sus períodos de prácticas anteriores a 2024 pueden incluir estas etapas en el cálculo de su jubilación. Es decir, pueden adquirir tiempo de cotización (hasta un máximo de cinco años) para que se tenga en cuenta en el cálculo. Sin embargo, existe una situación peculiar que deben tener presente.
Aquellos que realicen este trámite en estos momentos pueden obtener peores condiciones que quienes esperen unos días o semanas, el tiempo que tardará la Seguridad Social en aprobar la modificación de la orden ministerial tras la presión ejercida por los colectivos de científicos.
Requisitos para la compra de cotizaciones
Quienes realicen la solicitud de compra de cotizaciones en estos momentos, según la normativa vigente, deberán pagar unos 290 euros por cada mes incorporado, mientras que aquellos que esperen a la entrada en vigor de la nueva orden abonarán entre 26 y 275 euros. No obstante, hay un aspecto importante a considerar: el precio de 290 euros solo se aplicará si la Seguridad Social resuelve la solicitud antes de que entre en vigor la nueva orden. Si la Administración tarda en procesar la solicitud, aunque se presente este mismo sábado, se aplicaría el nuevo rango de precios, por lo que es previsible que el departamento dirigido por Elma Saiz retrase las resoluciones para que todos los interesados puedan beneficiarse de la cifra reducida.
Esta amplia horquilla de precios se debe a que el coste depende del año en que se realizó la práctica. Se trata de una rectificación fundamental del Ministerio de Seguridad Social. Tanto los sindicatos como los colectivos de científicos criticaron que la base de cotización aplicable (que actualmente está vigente) fuera la de 2024, lo que situaba el precio en unos 290 euros. En la nueva orden ministerial, que ya se encuentra en audiencia pública y sustituirá a la actual, se especifica que la base a tener en cuenta será la "vigente durante la realización de los periodos formativos o de prácticas certificados".
Fechas límite y plazos
La propia orden incluye un anexo que detalla la base aplicable en cada ejercicio, a partir de las cuales se puede calcular el precio: 25,5 euros en 1979, 56,8 en 1985, 95,8 en 1995, 130,4 en 2005 o 164,9 en 2015. El precio experimentó un aumento en 2019 (228,8) debido a la subida del salario mínimo interprofesional, a partir del cual se establece esta base mínima. El último año, 2023, el coste se situó en 274,6 euros. Por lo tanto, con respecto a los 290 euros en que se calcula la base para 2024, los posibles beneficiarios de esta medida podrían ahorrarse entre 15 y 164 euros mensuales.
"Las solicitudes presentadas entre el 1 de junio de 2024 y el día anterior a la entrada en vigor de esta orden, que no hayan sido resueltas a dicha fecha, se resolverán de conformidad con lo establecido en esta orden", especifica el nuevo texto. Es decir, si la Seguridad Social no resuelve ninguna solicitud entre el 1 de junio y la aprobación de la nueva orden ministerial, todas se beneficiarán del precio reducido. Tras la última reunión con la Seguridad Social, los propios sindicatos recomendaron a los interesados en adquirir cotizaciones que esperaran a que entrara en vigor la nueva normativa.
Ámbito de aplicación
Aunque los científicos han centrado el debate sobre esta medida en las últimas semanas, el nuevo derecho se aplica a cualquier persona que haya realizado prácticas por las que no cotizó y que pueda acreditarlo documentalmente. Los expertos en la materia prevén que se incorporen pocos años recientes (los más caros), ya que lo habitual es que un trabajador que realizó prácticas en 2023 se haya incorporado recientemente al mercado laboral y vea la jubilación como algo muy lejano. Es más probable que lo hagan quienes cursaron sus prácticas en las décadas de 1980, 1990 o principios de la década de 2000, y que actualmente ocupan puestos más consolidados o están próximos a la jubilación.
Valoración de la nueva medida
Este cambio en el precio fue bien acogido por los dos grandes sindicatos, así como por los principales colectivos de científicos. "Consideramos un acierto que la nueva orden tome como base de cotización del convenio especial la base mínima correspondiente al año de realización de la actividad y no la actual, como establece la aprobada", declaró el martes en un comunicado la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Este colectivo también celebró que, con la nueva orden, quienes rescataron dos años en 2011 (cuando se abrió un periodo similar) podrán sumar otros cinco, así como la posibilidad de fraccionar el pago por el doble de tiempo del que se adquiere. Es decir, si se adquiere un año, se podrá pagar en dos.
"Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2028 la fecha límite para poder suscribir el convenio especial", especifica el texto acordado por los sindicatos y la Seguridad Social. En este documento, el Ministerio reconoce que aborda estos cambios en respuesta a las peticiones de revisión de "agentes sociales y de diferentes entidades representativas del colectivo afectado" por aspectos que "se consideran excesivamente gravosos".
Reivindicaciones pendientes
Aunque las prácticas son habituales en muchos sectores, el colectivo que se movilizó fue el de los científicos, ya que en sus trayectorias profesionales son frecuentes las becas de investigación por las que no cotizaron. Además, durante estos periodos, era habitual que estuvieran empleados por la Administración pública. Con el planteamiento anterior del Ministerio, el que está vigente, un científico que quisiera adquirir una beca que cursó entre 2000 y 2002 tendría que pagar unos 10.000 euros. Con la nueva orden, el precio se reduciría a unos 4.000 euros.
El nuevo texto satisface gran parte de las reivindicaciones de los investigadores, pero no todas, como manifestaron en el comunicado del martes. La COSCE puso el acento en "la obligatoriedad de que las personas afectadas deban abonar también la parte de la cuota del empleador y que no puedan recuperarse más de cinco o siete años, ya que algunas de las personas afectadas trabajaron con becas por las que no cotizaron durante periodos de tiempo mucho más amplios".
Según fuentes de la negociación, la orden ministerial ya no incorporará nuevos cambios, lo que cierra la puerta a estas reivindicaciones. La bonificación que reclaman reduciría aún más el precio, pero el Ministerio no se ha planteado esta opción en ningún momento. Sentaría un precedente complejo, teniendo en cuenta la presión que sufren las cuentas de la Seguridad Social debido a la jubilación de la generación del baby boom.
Conclusión
Ante la certeza de que la orden no atenderá esta petición, la presidenta de la COSCE, Perla Wahnón, solicitó "que haya más diálogo con quienes representan a los científicos". Insistió en que seguirán reclamando cambios, un mensaje que también respaldaron la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) y otras 13 asociaciones de investigadores en un comunicado difundido el miércoles.
