La creciente preocupación por la okupación de viviendas en España: ¿Realidad o percepción?
En España, la okupación de viviendas se está presentando como una amenaza cada vez mayor, con relatos de grupos organizados que irrumpen en propiedades y dejan a familias sin hogar. Programas de televisión, titulares de prensa y anuncios de empresas de seguridad están alimentando esta narrativa, sugiriendo que cualquiera podría perder su casa de la noche a la mañana y que existen mafias detrás de este fenómeno. Sin embargo, según datos recientes, la realidad podría ser diferente a la percepción generalizada.
¿Qué dicen las estadísticas?
Según el Ministerio del Interior, las denuncias por allanamiento o usurpación en 2024 representan apenas el 0.06% del total de viviendas en España. Este dato sugiere que, aunque la okupación es un problema real, su magnitud podría estar siendo exagerada. Si se analizan las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se observa que solo el 7% de las denuncias por intromisión en la vivienda corresponden a ocupaciones ilegales de casas habitadas o segundas residencias. Esto significa que la mayoría de los casos se dan en inmuebles vacíos.
Jaime Palomera Zaidel, director del área de vivienda y ciudad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, señala que «la narrativa de la epidemia okupa se sostiene más en el miedo que en la estadística». En su opinión, esta narrativa ha crecido de manera desproporcionada desde la pandemia, distorsionando la realidad del mercado de la vivienda y desviando la atención de problemas más urgentes, como la falta de vivienda asequible y la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad.
El factor miedo y la industria de la seguridad
La creciente preocupación por la okupación está impulsando la demanda de alarmas y seguros para protegerse contra esta supuesta amenaza. Según la aseguradora Línea Directa, más del 70% de los nuevos seguros de hogar incluyen cobertura frente a la okupación, lo que demuestra el interés de los clientes por protegerse ante este riesgo. Sin embargo, algunos analistas y fuentes jurídicas sugieren que esta propagación del miedo está siendo alimentada por el constante debate público y la contribución de algunos medios de comunicación, sectores políticos y empresariales.
¿Quiénes son los «okupas» y por qué lo hacen?
Fuentes judiciales insisten en que la mayoría de las personas que okupan viviendas lo hacen como último recurso, en situaciones desesperadas donde no tienen otra opción. Suelen ser personas vulnerables, como familias que no pueden pagar un alquiler, jóvenes en situación de precariedad o personas que han perdido su empleo y no tienen recursos para acceder a una vivienda. Según una integrante de la Asamblea de Vallecas, quien okupa una vivienda de un fondo israelí desde hace siete años, «okupar no es una elección sencilla. Conlleva el riesgo de enfrentarse a la policía, vivir con el miedo al desalojo y tener que reparar casas en mal estado. Quienes tienen otra opción, suelen elegirla».
El debate legal y la emergencia habitacional
Los jueces consultados explican que «el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, pero sí es un principio rector de la política social económica», que debe ser «conciliado» con el derecho a la propiedad privada. Existe confusión entre los conceptos de «okupación» y «allanamiento de morada». La usurpación, que se refiere a la ocupación de viviendas vacías sin uso habitual, se considera un delito leve, mientras que el allanamiento de morada, que implica la entrada en viviendas habitadas, es un delito más grave, aunque menos frecuente.
Elisa Barragán, abogada de Vilches Abogados, lamenta que «se ha confundido entre lo que es la okupación y lo que es el allanamiento de morada». Añade que «se ha creado una alarma social sin base». Jaime Palomera advierte de que «el problema real es la emergencia habitacional, no la okupación. Si la precariedad en el acceso a la vivienda es tan alta, sorprende que no haya más usurpaciones de viviendas vacías».
La «inquiokupación» y el problema del impago de alquiler
Otro fenómeno relacionado es la «inquiokupación», que se refiere a personas que dejan de pagar el alquiler pero permanecen en la vivienda. Jurídicamente, esta situación se considera un impago y no está directamente relacionada con la okupación. Sin embargo, la crisis habitacional está provocando un aumento en el número de hogares que tienen dificultades para pagar el alquiler.
Conclusión
La okupación de viviendas en España es un problema complejo que requiere un análisis más allá de los titulares alarmistas. Si bien es importante proteger el derecho a la propiedad privada, también es fundamental abordar las causas subyacentes de la okupación, como la falta de vivienda asequible y la creciente desigualdad social. Es necesario un debate público más informado y menos sensacionalista para encontrar soluciones que protejan tanto a los propietarios como a las personas vulnerables que se ven obligadas a okupar una vivienda.