Golpe al erario: paro de trabajadores del Poder Judicial costó más de 12 mil millones de pesos
El paro de labores de más de 60 días de los trabajadores del Poder Judicial ha tenido un impacto económico significativo, según informó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres.
De acuerdo con Batres, el daño económico asciende a 12 mil 650 millones 565 mil 738 pesos, lo que representa un presupuesto mayor al anual destinado a tribunales de circuitos y juzgados de distrito, que es de 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos.
El paro, que surgió como una manifestación de inconformidad por la reforma que impulsa la elección de la mitad de todos los jueces y magistrados del país, así como de la totalidad de ministros de la SCJN, ha afectado gravemente la impartición de justicia en México.
El pasado miércoles 23 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó reanudar por completo las actividades en todos los tribunales y juzgados del país y advirtió de sanciones a quienes se mantengan en paro.
Reacciones al paro
La suspensión de labores ha generado diversas reacciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a los trabajadores levantar el paro y ha afirmado que la reforma judicial busca fortalecer la independencia del Poder Judicial.
Por su parte, los manifestantes han criticado la reforma y han acusado al gobierno de querer controlar al Poder Judicial. Aseguran que la elección de jueces y magistrados por voto popular debilitará la independencia de los tribunales.
Impacto en la impartición de justicia
El paro ha provocado una acumulación de casos pendientes en los juzgados, lo que ha afectado el acceso a la justicia de los ciudadanos. Además, ha generado incertidumbre jurídica y ha dañado la imagen del Poder Judicial.
El CJF ha implementado medidas para agilizar la resolución de los casos pendientes, pero se estima que tomará tiempo normalizar la situación.
Conclusiones
El paro de trabajadores del Poder Judicial ha tenido un impacto económico y social significativo. Es importante que las partes involucradas encuentren una solución dialogada que permita reanudar la impartición de justicia de manera regular y garantizar la independencia del Poder Judicial.