Las zonas rurales españolas enfrentan la pobreza a pesar de los servicios sociales y la economía sumergida
En el corazón de Extremadura, una región rural del suroeste de España, el municipio de Higuera de Vargas presenta una paradoja: a pesar de tener la segunda renta per cápita más baja del país, sus habitantes disfrutan de una notable calidad de vida gracias a los servicios públicos y la economía sumergida.
En un tranquilo parque del pueblo, un avión de combate F-5 cuelga como un monumento, un testimonio de la presencia militar cercana. Las calles están llenas de servicios como consultorio médico, biblioteca, colegio, bancos, fibra óptica, policía local y un moderno pabellón deportivo. Sin embargo, las estadísticas oficiales pintan un cuadro diferente, situando a Higuera de Vargas entre los municipios más pobres de España.
“Son solo estadísticas. Que vengan aquí y que vean lo pobres que somos”, reta Mariló Salguero, presidenta de la asociación de mujeres de Higuera de Vargas.
El secreto de este aparente contraste radica en la combinación de una sólida red de servicios públicos, financiados en gran medida por el Estado autonómico, y la economía sumergida, que complementa los ingresos de los residentes.
El papel de los servicios públicos
Los economistas señalan que los servicios públicos, como la educación y la sanidad, desempeñan un papel crucial en la compensación de las bajas rentas. Jesús Pérez, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura, explica que, aunque el 82% de los municipios extremeños se encuentran entre los más pobres del país, los servicios públicos compensan en parte esta situación.
De hecho, la región ha realizado una apuesta decidida por estos servicios, invirtiendo en escuelas, hospitales y otras infraestructuras esenciales. Como resultado, la calidad de vida de los habitantes rurales es comparable a la de sus homólogos urbanos.
La importancia de la economía sumergida
Sin embargo, los servicios públicos no son el único factor que contribuye al bienestar en estas zonas rurales. La economía sumergida también juega un papel importante, proporcionando ingresos complementarios y amortiguando el impacto de las bajas rentas.
Un comerciante local, que pide permanecer en el anonimato, afirma que muchos autónomos dependen del trabajo no declarado para sobrevivir. “Si tuvieran que pagar todo según la normativa, no podrían llegar a fin de mes”, explica.
El dinero negro está tan extendido que algunos expertos lo consideran un complemento esencial para la economía local. No obstante, también reconocen su elevado coste, tanto en términos de evasión fiscal como de falta de protección laboral para los trabajadores.
Las oportunidades limitadas
A pesar de los servicios públicos y la economía sumergida, las zonas rurales españolas como Extremadura enfrentan un desafío fundamental: la falta de oportunidades laborales. La escasa inversión en industrias y la despoblación han hecho que sea difícil para los jóvenes encontrar trabajo en sus lugares de origen.
Esta falta de oportunidades se refleja en la ausencia de inmigrantes en estos pueblos, que normalmente se trasladan en masa a zonas con mejores perspectivas económicas. Como resultado, la población envejece rápidamente, lo que ejerce presión sobre los servicios sociales y dificulta el mantenimiento de la calidad de vida.
Los residentes locales están conscientes del problema y algunos están adoptando medidas para revertir la tendencia. Están promoviendo el turismo a través de ferias locales y festivales, invirtiendo en infraestructura y apoyando a las empresas locales. Sin embargo, estas iniciativas aún enfrentan desafíos importantes, como la falta de conectividad y la escasa promoción.
Conclusiones sobre la pobreza rural
La situación en Higuera de Vargas y otras zonas rurales de España destaca la compleja realidad de la pobreza en estas regiones. Si bien los servicios públicos y la economía sumergida ayudan a mantener un nivel de vida aceptable, la falta de oportunidades laborales amenaza el futuro de estos pueblos.
Para abordar este desafío, se necesitan políticas que promuevan el desarrollo económico y atraigan a los jóvenes. También es esencial fortalecer los servicios sociales y apoyar a las comunidades rurales para que puedan enfrentar los desafíos del envejecimiento y la despoblación.
