El líder sindical advierte sobre un posible juicio político a Milei si continúa con los despidos

El Secretario General de la CTA autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, ratificó este martes la medida de fuerza anunciada por ATE para este miércoles tras las bajas de contratos en el Estado y lanzó una dura advertencia al Gobierno. "Si Milei sigue actuando así, el juicio político es una de las acciones por vía democrática que se tiene", alertó el líder sindical.
Godoy señaló que los trabajadores organizados en ATE se reunirán en cada organismo del Estado para expresar solidaridad a los trabajadores despedidos e ingresar a los organismos para realizar asambleas y reclamar a las autoridades la reincorporación inmediata de los despedidos.
La protesta del miércoles consistirá en el ingreso masivo y simultáneo de los empleados a sus lugares de trabajo, con el objetivo de coordinar un horario de ingreso para que entren a la vez los de planta permanente, los contratados temporalmente y los despedidos.
Godoy enfatizó que el principal problema es que el Gobierno ha despedido a miles de trabajadores, afectando a miles de ciudadanos y familias, y cerrando organismos de áreas socialmente importantes.
El histórico referente de ATE y titular de la CTA autónoma destacó la urgencia de convocar a una medida de fuerza masiva tras los "más de 11 mil despidos" contabilizados desde el sindicato de estatales.
"Hay que ponerle un freno al Presidente, no hay duda que tiene que haber un paro general ya. Milei fue elegido presidente de una república, no un dictador", afirmó Godoy.
Las declaraciones de Godoy se producen después de que el secretario general de la CGT, Pablo Moyano, confirmara en una entrevista radial que en los próximos días desde la central se anunciará "un paro general" o "una marcha masiva".
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también lanzó una dura advertencia a la administración libertaria. "Tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos", advirtió Aguiar en su cuenta de Twitter.
Aguiar enumeró las distintas leyes y pactos que el Gobierno estaría violando con esta baja en los contratos, como la Constitución Nacional, el Código Penal y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados a proteger el trabajo y garantizar el pleno empleo.