PP y Vox presionan con la investigación del caso Begoña Gómez
En un intento por mantener viva la controversia en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) y Vox están buscando impulsar la investigación llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado. Ambos partidos planean remitir a la Fiscalía y al propio juez las conclusiones de la investigación parlamentaria que se está desarrollando en la Asamblea de Madrid, según informa Juan José Mateo (El País, 2024). Se espera que las conclusiones sean elevadas al pleno de la Cámara previsiblemente el 24 de abril.
Esta iniciativa, promovida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de controversia desde sus inicios. El PSOE la ha calificado de «basura», alegando que no ha aportado novedades significativas al caso. Sin embargo, el PP y Vox parecen decididos a utilizar esta comisión para desgastar al gobierno central, señala Mateo (2024).
¿De qué se acusa a Begoña Gómez?
Begoña Gómez está siendo investigada judicialmente por la presunta comisión de varios delitos, incluyendo tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Estas acusaciones se centran en su labor como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, la cátedra de Gómez era «irregular y arbitraria», a pesar de los testimonios recabados durante la investigación parlamentaria que sugieren lo contrario.
El PP sostiene que existen indicios de desvío y uso indebido de fondos públicos «asignados a la Presidencia del Gobierno de España». Además, plantean que se investigue la plataforma tecnológica de medición de impacto, conocida como el software de la cátedra, a la que contribuyeron empresas como Google e Indra, algo que ya está siendo objeto de investigación por parte del juez Peinado. De acuerdo con El País (2024), esta información será trasladada a la Fiscalía y al juzgado de instrucción número 41 de Madrid si la propuesta del dictamen prospera, algo que parece probable dada la mayoría absoluta del PP en la Asamblea.
La postura de Vox y la defensa de la UCM
Vox comparte la línea argumental del PP, analizando la posible conexión de las declaraciones con cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos. Sin embargo, la investigación parlamentaria no ha arrojado grandes novedades tras 17 comparecencias. Muchos testimonios han defendido la corrección de la relación laboral de Gómez con la UCM. Además, la comisión intentó forzar la comparecencia del presidente Sánchez, algo que el Consejo de Estado ya había descartado.
La relación profesional entre Gómez y la UCM se inició en 2012, cuando Sánchez aún no era secretario general del PSOE, con un curso de captación de fondos. En 2014, el curso evolucionó a un máster. Gómez también dirigió el Máster de Transformación Social Competitiva. La relación finalizó en 2024, cuando la universidad canceló la cátedra y el máster. El PP argumentó que la investigación era necesaria para fiscalizar una relación que afectaba al prestigio de la universidad pública, reseña Juan José Mateo (El País, 2024).
¿Qué dicen los implicados?
Desde que Gómez compareció en la comisión en noviembre, acogiéndose a su derecho a no declarar, la investigación ha perdido fuerza. El rector de la UCM, Joaquín Goyache, ha negado cualquier irregularidad en la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva, afirmando que «todo fue absolutamente legal y regular». También negó cualquier trato de favor y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez, de acuerdo con El País (2024).
El vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente al afirmar que «no cabe duda de la legalidad» de los estudios organizados por Gómez en la UCM. José Antonio Martínez Aguilar, Director General de Making Science Group, describió el encargo de Google para crear un software para la cátedra como «un proyecto más». Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de relaciones institucionales de la UCM, declaró que la relación laboral de Gómez con la universidad «administrativamente fue regular», aunque no lo fue «en las formas». Doadrio también dijo no haberse sentido «presionado» al crear la cátedra, aunque admitió que la memoria académica que justificaba la idoneidad de Gómez le vino «hecha» y sin firmar.
Reacciones políticas y conclusión
El PSOE ha calificado la comisión de «basura», argumentando que «todos los comparecientes han dejado claro que no ha existido ningún tipo de irregularidad». Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, denunció «censura» en la comisión, al no permitírsele hablar de la financiación de la universidad pública. Bergerot acusó al PP de utilizar los impuestos de los madrileños para «intentar desprestigiar a una persona [Gómez]», tal y como apunta Juan José Mateo (El País, 2024).
En resumen, mientras el PP y Vox están intentando revitalizar la investigación sobre Begoña Gómez, la comisión parlamentaria en la Asamblea de Madrid no ha logrado aportar pruebas contundentes de irregularidades, y ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición. El futuro de la investigación y sus posibles consecuencias políticas aún están por verse.
