La reforma que pone en jaque la libertad de los contribuyentes en México
La aprobación de una reforma constitucional que incluye la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales tiene en alerta al sector privado, que advierte de las graves consecuencias que esta medida puede acarrear para la economía y el Estado de derecho.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que permite al Ministerio Público privar de su libertad a una persona acusada de un delito grave sin necesidad de una orden judicial.
Esto significa que la persona puede ser encarcelada durante meses o incluso años mientras se lleva a cabo la investigación y el juicio, aunque no exista riesgo de fuga o peligro para la sociedad.
¿Por qué preocupa la reforma?
El sector privado teme que la reforma abra la puerta a abusos y arbitrariedades por parte de las autoridades fiscales, que podrían utilizarla para encarcelar a contribuyentes que no estén de acuerdo con sus decisiones o que simplemente no puedan pagar sus deudas fiscales.
Según Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la prisión preventiva oficiosa en materia fiscal es un retroceso en el avance que se había logrado en los últimos años para eliminar las prácticas corruptas y el tráfico de facturas falsas.
Amaya también advirtió que la medida podría desalentar la inversión y el crecimiento económico, ya que los empresarios tendrán miedo de emprender proyectos que puedan ser interpretados como delitos fiscales.
¿Qué se puede hacer?
El sector privado ha hecho un llamado al gobierno para que reconsidere la reforma y busque alternativas que garanticen el cumplimiento fiscal sin violar los derechos de los contribuyentes.
Algunas de las propuestas que se han planteado incluyen:
- Incentivar el cumplimiento fiscal mediante deducciones y beneficios económicos.
- Fortalecer las capacidades de las autoridades fiscales para investigar y perseguir los delitos fiscales de manera efectiva.
- Crear un sistema de justicia fiscal especializado que garantice la imparcialidad y el debido proceso.
El siguiente paso en el proceso legislativo será la discusión y eventual aprobación de la reforma en el pleno de la Cámara de Diputados.
El sector privado espera que los legisladores escuchen sus preocupaciones y tomen medidas para evitar que esta peligrosa reforma se convierta en ley.