Vivienda abre a consulta pública la regulación de alquileres de temporada y corta duración

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (España) ha iniciado el proceso de consulta pública del Real Decreto que regulará los alquileres de temporada y los alojamientos de corta duración. Este decreto estará abierto a observaciones hasta el 8 de octubre de 2024.

La normativa creará la Ventanilla Digital Única de Arrendamientos, con el objetivo de registrar y monitorizar este tipo de arrendamientos y obligarles a justificar la causa de este uso. Cualquier persona que desee alquilar su vivienda por plazos menores a un año deberá inscribirse y obtener un número de identificación para poder publicitar su propiedad en plataformas digitales.

Justificación de los contratos de temporada

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que los contratos de temporada deben estar justificados por una causa concreta, como traslados laborales, estudios o motivos de salud. Sin embargo, en la práctica se ha utilizado esta figura para eludir las obligaciones y restricciones de los contratos de alquiler residencial, que ofrecen mayor protección a los inquilinos.

La nueva normativa busca cerrar esta vía de fraude y garantizar que los contratos de temporada se justifiquen únicamente en situaciones legítimas. Según la ministra Isabel Rodríguez, se trata de "clarificar la figura de estos arrendamientos para que no puedan ampararse bajo estos contratos".

Registro de pisos turísticos

El registro de pisos turísticos deberá hacerse siempre que los inmuebles se anuncien en alguna plataforma digital y se ofrezcan por plazos inferiores a un año. El Gobierno pretende tener la plataforma digital operativa antes de acabar 2025, aunque Bruselas da un margen hasta mayo de 2026.

La nueva normativa responde al creciente uso de los alquileres temporales para eludir la LAU y al Reglamento Europeo 2024/1028, que busca controlar el impacto del auge de los alquileres de corta duración en la oferta residencial y los precios del mercado inmobiliario.

El Gobierno espera que la nueva normativa permita "combatir la ilegalidad, el fraude y el abuso de ley" en el sector de los alquileres de temporada y corta duración.