El PSOE llama a las interventoras de la Junta de Andalucía para aclarar las irregularidades en los contratos
La Junta de Andalucía destinó 1.223 millones de euros a contratos a dedo en 2021, según ha revelado 'El País'. El 92% de estos contratos presentaba "irregularidades", principalmente por fraccionamientos de pago. El PSOE ha anunciado que llamará a comparecer en el Parlamento autonómico a la interventora General de la Junta y a la Interventora delegada del SAS para que "esclarezcan las irregularidades puestas de manifiesto en los demoledores informes de fiscalización".
La Junta defiende la legalidad de los contratos
El Gobierno de Juan Manuel Moreno insiste en que todas las adjudicaciones tenían el aval jurídico y que se realizaron en plena pandemia cuando "el objetivo era salvar vidas". La portavoz de la Junta, Carolina España, ha incidido además en que toda la contratación de 2021, que cuestionan las auditorías, se realizaron en "pleno covid". "Se estaban subastando mascarillas y hubo hasta que adelantar los pagos a proveedores", ha dicho España.
Sin embargo, los informes de la Intervención señalan que en muchos contratos "no se establece ninguna relación de causa-efecto entre la situación provocada por el covid-19 y la necesidad concreta a atender" a través de procedimientos de adjudicación sin los requisitos de concurrencia y publicidad. También se detectan expedientes que no han sido publicados en el portal de contratación o comunicados al Consejo de Gobierno.
El PSOE acusa a la Junta de falta de transparencia
El portavoz parlamentario de los socialistas andaluces, Rafa Márquez, ha acusado a la Junta de "falta de transparencia" y ha pedido al presidente Moreno que "va a seguir mirando hacia otro lado" o "va a poner luz y taquígrafos".
Desde el Gobierno no han entrado a valorar la propuesta del PSOE de llamar a declarar a las interventoras de la Junta en la comisión de Salud, para señalar que eso es un tema que compete al Parlamento. La portavoz de la Junta ha censurado la posición de los socialistas por considerarla "una falta de coherencia".
Querella del PSOE por la contratación de emergencia
Esa contratación exprés realizada por la Junta entre 2021 y 2023, cuando había decaído el marco legal ligado a la pandemia que la amparaba, está siendo investigada en los tribunales e impulsada por la querella presentada por el PSOE.
Fuentes de la Junta minimizan también el alcance penal de los informes de la Intervención por entender que en ellos no se aprecia menoscabo de fondos públicos, lo que determinaría la apertura inmediata de diligencias.
Las auditorías del órgano fiscalizador advierten del abuso millonario del fraccionamiento de contratos para eludir el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia y del uso injustificado de la contratación de emergencia. En el área de contratación menor, la Intervención ha detectado un 92% de irregularidades del total de muestras analizadas.