PwC se libra de la acusación en el caso Banco Popular
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no acusar a PwC en la causa sobre la caída del Banco Popular. Esta decisión ha sorprendido a muchos de los afectados, pero ha supuesto un alivio para la firma de servicios profesionales y el mundo de la auditoría.
El papel de PwC en el caso Banco Popular
PwC fue la encargada de auditar las cuentas del Banco Popular durante 35 años. La Fiscalía considera que los socios auditores no repararon en la falsedad de las cuentas de los años 2015 y 2016, lo que contribuyó a crear una imagen engañosa para los inversores y accionistas.
Sin embargo, la Fiscalía no acusa a PwC de responsabilidad penal, sino únicamente de responsabilidad civil subsidiaria. Esto significa que la firma solo tendría que afrontar las indemnizaciones reconocidas en una eventual sentencia, pero no sería condenada a penas de prisión o multa.
Las razones de la Fiscalía
La Fiscalía considera que los socios auditores de PwC no pueden ser considerados responsables legales de los delitos cometidos por la cúpula directiva del Banco Popular. Según la Fiscalía, los auditores son subordinados de los cargos con toma de decisión y no hay indicios de que hayan sido inducidos a realizar su labor de forma incorrecta.
Además, la Fiscalía señala que las sociedades de servicios profesionales como PwC tienen una regulación específica que les otorga autonomía e independencia de criterio. Esto significa que la responsabilidad por la actuación de los socios auditores recae sobre ellos mismos y no sobre la firma.
Las consecuencias de la decisión
La decisión de la Fiscalía rebaja la presión sobre PwC de cara al juicio. Sin embargo, otras acusaciones particulares, como el grupo de bonistas personados, siguen pidiendo que la firma sea condenada por responsabilidad penal.
El caso Banco Popular es uno de los más importantes en la historia de la auditoría en España. La decisión de la Fiscalía tendrá un impacto significativo en el futuro de la profesión, ya que sentará un precedente sobre la responsabilidad de las firmas auditoras en casos de fraude financiero.