La reforma de las indemnizaciones por despido, en el punto de mira del Gobierno
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene entre manos un asunto espinoso: la reforma de las indemnizaciones por despido. Esta cuestión, incluida en el acuerdo de Gobierno de coalición, está generando división en el Ejecutivo, ya que la parte socialista no ve con buenos ojos el sentido en el que el ministerio de Sumar quiere cambiar las indemnizaciones.
¿Qué plantea el Ministerio de Trabajo?
El Ministerio de Trabajo aboga por una reforma de las indemnizaciones por despido que las haga más reparadoras y disuasorias. Para ello, baraja dos opciones: o bien que la indemnización deje de estar tasada y con topes, y se adecúe a un baremo según las circunstancias personales de cada trabajador; o mantener la actual fórmula para determinar la compensación por estos despidos y que los jueces otorguen indemnizaciones adicionales para compensar los daños de cada empleado.
¿Por qué se opone la parte socialista?
La parte socialista del Gobierno se opone a la reforma planteada por el Ministerio de Trabajo por varias razones. En primer lugar, consideran que la indemnización actual es lo suficientemente reparadora y disuasoria. Además, creen que eliminar las indemnizaciones tasadas encarecería el despido y afectaría negativamente a la contratación, especialmente de los colectivos más vulnerables.
¿Qué dicen los expertos?
Los expertos en derecho laboral se muestran divididos ante la reforma planteada por el Ministerio de Trabajo. Algunos consideran que es necesaria, ya que la indemnización actual no cumple con los estándares europeos. Otros, sin embargo, creen que la reforma podría tener efectos negativos en el mercado laboral.
¿Qué pasará ahora?
El Gobierno tiene previsto convocar una nueva mesa de diálogo social para abordar la reforma de las indemnizaciones por despido. Sin embargo, dadas las posturas encontradas entre el Ministerio de Trabajo y la parte socialista, no parece fácil llegar a un acuerdo.
Mientras tanto, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha emitido una resolución en la que determina que la normativa española sobre indemnizaciones por despido viola la Carta Social Europea. Esta resolución no es vinculante, pero sí podría presionar al Gobierno a modificar la ley.