El salto de Escrivá al Banco de España genera controversia y rechazo del PP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido seguir adelante con el controvertido nombramiento del actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España, a pesar de las fuertes críticas por el posible daño a la independencia del organismo y el rechazo del Partido Popular (PP). La elección es una decisión personal de Sánchez, pese a todas las advertencias y las dudas sobre el posible impacto que tendrá esta designación sobre la reputación de la institución financiera.
Reacciones encontradas
El nombramiento de Escrivá ha generado reacciones encontradas. El PP se ha negado en redondo desde el primer momento, no por falta de cualificación técnica, sino por la conveniencia política de que un ministro en activo dé el salto al banco central. Miguel Tellado, portavoz del grupo parlamentario de los populares en el Congreso, ha reiterado que su partido “no está dispuesto a cambiar cromos”, en referencia a que si el Ejecutivo no daba otra opción para presidir la institución, ellos no se sentarían a negociar el nombre del subgobernador, como es habitual en la renovación de los cargos del Banco de España.
Por su parte, el Gobierno insiste en que Escrivá es la persona idónea para el cargo, destacando su amplia experiencia en el ámbito financiero y su paso por instituciones como el propio Banco de España, el Banco Central Europeo, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Preocupaciones por la independencia
Las críticas al nombramiento de Escrivá se centran principalmente en la preocupación por la posible pérdida de independencia del Banco de España. Fuentes de la institución han admitido que Escrivá no es el preferido para encabezar el organismo, ya que temen que su estrecha relación con el Gobierno pueda comprometer la autonomía del banco central.
En este sentido, el nuevo gobernador se enfrentará al desafío de liderar en un entorno de creciente desconfianza por parte de una parte significativa de la clase política y de la opinión pública. Una de sus primeras tareas será reforzar los protocolos de independencia del organismo, para tratar de mitigar las preocupaciones que su nombramiento ha generado.