Santa Fe declara la emergencia vial y planea gravar a los beneficiarios de las obras

Los senadores santafesinos están impulsando un proyecto para declarar la emergencia vial en la provincia, lo que facilitaría al gobierno provincial intervenir en la reparación y el mantenimiento de rutas clave para la actividad económica, como las nacionales 11, 12 y la provincial 14, que se encuentran en mal estado. El proyecto cuenta con el aval de la Casa de Gobierno provincial y ha sido aprobado por mayoría en las comisiones, pero aún debe ser tratado en la próxima sesión, prevista para dentro de dos semanas. ¿Cómo se financiará la reparación de las rutas? Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el origen del financiamiento para los trabajos, ya que se prevé que se recurra a fondos que surgirán de la aplicación de un gravamen que recaerá sobre los beneficiarios de las obras realizadas. Es decir, del «incremento de valor que adquieren los inmuebles beneficiados con una obra pública, conocido como plusvalía, lo que les otorga una situación de privilegio respecto de aquellos que se encuentran fuera de la zona de afectación», señala el proyecto. Los autores de la iniciativa destacan que este gravamen no constituye un impuesto, sino una «contribución a la realización de la obra que beneficiará directamente al inmueble del contribuyente, por el mayor valor que adquiere». Sin embargo, el peronismo se opone a esta medida, aduciendo que se trata de una carga impositiva que recaerá sobre los ciudadanos que ya se ven afectados por el mal estado de las rutas. El gobierno provincial busca una solución integral La declaración de emergencia vial es una medida que permitirá al gobierno provincial intervenir en la reparación y el mantenimiento de las rutas sin tener que depender de los fondos nacionales, que hasta el momento han sido insuficientes. El gobernador, Maximiano Pullaro, ha manifestado su intención de «liberar las manos» para poder abordar este problema de manera integral y garantizar la seguridad de los ciudadanos que transitan por estas vías. En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, ha gestionado un nuevo encuentro con autoridades de la Nación para conseguir financiamiento para obras públicas. Enrico ha advertido que «el Estado nacional no puede seguir demorando o especulando con estas obras porque mientras más tiempo pasa, más riesgo se pone a las vidas de quienes transitan esos tramos peligrosos». Además, el diputado provincial oficialista Dionisio Scarpin ha presentado un proyecto de ley de similares características, que no avanzó en su tratamiento. Este proyecto, que también preveía el cobro de un gravamen, fue archivado debido a las negociaciones que Pullaro estaba llevando a cabo con el gobierno nacional sobre la Ley Bases. Otras iniciativas para mejorar la infraestructura vial En la vecina provincia de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz ha anunciado que destinará fondos provinciales para la reparación integral de la Ruta Nacional 34, entre San José de Metán y Yatasto. Esta decisión se produce después de un encuentro con intendentes de la región, en el que acordaron iniciar acciones legales contra la empresa Corredores Viales por el cobro de peaje, en virtud del pésimo estado de la ruta. En la Cámara de Diputados provincial salteña también se ha aprobado un proyecto de declaración para requerir a los legisladores nacionales por Salta que realicen las gestiones ante la Dirección Nacional de Vialidad para rescindir el contrato de concesión de la empresa Corredores Viales. Los diputados denuncian la inacción de esta empresa, que ha provocado el grave estado de abandono de la ruta. En la Cámara de Senadores salteña, el parlamentario Leopoldo Salva ha reclamado a la Nación el mantenimiento de la Ruta Nacional 51, que se encuentra en un estado crítico debido a la falta de fondos para su conservación.