SCJN permite eliminar provisionalmente a personas de la lista de bloqueados de la UIF
En una reciente resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha generado preocupación en el gobierno federal, particularmente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Pablo Gómez.
Esta decisión autoriza a los jueces de amparo a conceder la eliminación temporal de individuos o empresas de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), administrada por la UIF, mediante el otorgamiento de suspensiones provisionales.
Riesgos de la decisión
La UIF advierte que esta resolución compromete la eficacia de las medidas implementadas para proteger el sistema financiero mexicano. La LPB, que ha sido una herramienta preventiva para combatir el lavado de dinero, la delincuencia organizada y la corrupción, se debilita al permitir que personas con indicios de actividades ilícitas se reincorporen al sistema financiero de forma provisional.
Según la UIF, autorizar el acceso a los recursos de los bloqueados representa, en la práctica, una sentencia anticipada a su favor antes de que se resuelva definitivamente el amparo. Esto conlleva riesgos significativos, ya que dichos fondos podrían transferirse o retirarse, lo que dificultaría su rastreo y bloqueo en futuras investigaciones.
La UIF también destaca que esta medida debilita la estrategia de seguridad pública del gobierno y permite que los recursos vinculados a actividades ilícitas se muevan sin restricciones.
Antecedentes
La UIF ya había enfrentado un revés con una resolución previa de la SCJN, que estableció mayores requisitos para que la unidad pueda bloquear cuentas a petición de autoridades extranjeras.
Ajustes necesarios
Ante esta situación, la UIF podría precisar ajustar sus estrategias legales y operativas para reforzar la protección del sistema financiero. Es probable que explore nuevas vías de colaboración con otras entidades gubernamentales y organismos internacionales para atenuar los efectos de esta jurisprudencia y garantizar que su capacidad para detectar y prevenir operaciones ilícitas no se vea afectada.
En un entorno donde la delincuencia organizada y el lavado de dinero representan una amenaza constante, esta resolución podría tener repercusiones importantes en la capacidad de las autoridades mexicanas para mantener la integridad del sistema financiero y avanzar en los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.