La Secretaría del Bienestar sigue con opacidad en las adjudicaciones directas

La dependencia ha otorgado 10 mil 348 contratos en lo que va del sexenio, de los cuales solo mil 835 han sido por licitación pública

La Secretaría del Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, ha otorgado más de 10 mil contratos en lo que va del sexenio, de los cuales solo el 18% ha sido mediante licitaciones públicas, según información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

De los 10 mil 348 contratos otorgados, 8 mil 513 han sido por adjudicación directa, lo que representa el 82% del total. Esta práctica ha sido cuestionada por expertos en materia de transparencia, quienes señalan que puede generar corrupción y falta de competencia.

La dependencia no ha proporcionado información sobre los motivos de la adjudicación directa

El Financiero solicitó a la Secretaría del Bienestar una explicación sobre las razones por las que prefiere la adjudicación directa, pero al cierre de esta edición, no se había recibido ninguna respuesta.

La mayoría de los contratos de adjudicación directa son para gastos operativos

La mayoría de los contratos de adjudicación directa otorgados por la Secretaría del Bienestar corresponden a gastos operativos de la dependencia, como gastos de oficina, transporte, alimentos y servicios de logística y tecnología.

Algunos de los contratos más cuantiosos

Entre los contratos más cuantiosos otorgados por adjudicación directa se encuentran los siguientes:

  • 40 millones de pesos a la empresa Edenred para el servicio de combustible en territorio nacional.
  • 43 millones de pesos a la empresa Soluciones Tecnológicas Especializadas para la administración de equipo de cómputo.
  • 31 millones de pesos a la empresa Sixsigma Networks México para administrar la infraestructura del centro de datos.
  • 22 millones de pesos a la empresa Hands Production Services para el servicio de actividades institucionales, deportivas y culturales.

Estos contratos han sido cuestionados por expertos, quienes señalan que podrían haber sido otorgados a empresas cercanas a la dependencia o a funcionarios públicos.